El gobierno enseña el cobre y muestra su verdadera intención para destruir las instituciones que durante más de 30 años soportan el andamiaje democrático mexicano y lograron dar al país un sistema de elecciones que goza de prestigio y credibilidad internacional y ante el 90% de los ciudadanos.
¿Quién quiere cambiar el sistema electoral y devolverle su control al gobierno federal? No hay una demanda popular, tan solo el afán de tener el control total sobre las decisiones de la vida pública y decidir el resultado de las elecciones de 2024.
El debate se ha polarizado con una moratoria legislativa que traicionó el líder del PRI, al admitir la reforma del transitorio que prolonga la presencia del Ejército en la seguridad pública hasta el 2028. Aunque esencial en toda democracia, con la 4T no se puede debatir, pues no admite la discrepancia.
La oposición no está legitimada a los ojos del gobierno, no goza de respeto, se le trata como traidora cuando no vota a favor de las iniciativas de AMLO. Con la 4T la negociación se reduce a persecución judicial o impunidad, así se decide el voto legislativo.
El único camino frente a la reforma electoral será votar en contra, el diálogo no es posible, la alianza opositora no se debe prestar al juego de presentar iniciativas que irán al cesto de la basura.
Es cierto que la democracia cuesta dinero, pero su costo no es comparable al presupuesto de las obras insignia del gobierno, basta decir que este año se gastaron 13,914 millones de pesos en el INE, lo cual representa el 3% del costo de la refinería.
La propuesta de la 4T busca quitar al INE el levantamiento y elaboración del padrón electoral y el listado nominal para votar; asimismo la credencialización para identificar objetivamente a los electores. Propone elegir en forma directa a los consejeros del INE mediante un mecanismo manipulable de supuesto voto ciudadano, en realidad sujeto al visto bueno y a satisfacción del gobierno. Ese es el queso en la trampa del ratón para lograr un consejo general electoral “a modo” que de fondo minimiza el tamaño de los congresos, centraliza y elimina los tribunales locales y reduce las causales de nulidad, incluso si se da la intervención de organizaciones delictivas en algún proceso electoral.
La llamada “selección ciudadana” de consejeros equivale a reconocerle capacidad técnica y conocimientos a los médicos e ingenieros, o a los pilotos aviadores mediante el voto popular, sin necesidad de demostrar aptitudes indispensables. Con partidos orillados a conseguir dinero para afrontar sus gastos, no es difícil imaginar que lo obtendrían de grandes compañías, del crimen organizado o de los contratistas de obra pública que de ese modo comprarían impunidad o reciprocidad para futuros pagos de favores.
Los candidatos serían los que los líderes de partidos quieran de acuerdo a sus intereses y cada vez menos los de los electores. La trampa contra el INE pretende sumar al PRI y a uno que otro judas legislativo de otros partidos. Si la reforma electoral se aprueba, México habrá perdido 50 años de difícil evolución democrática electoral.
Con excepción de los correspondientes al Ejército y la Marina, este gobierno autocrático y unipersonal ha demolido ya todos los fideicomisos, incluso el del seguro popular; el de desastres y el destinado a la estabilización financiera. Todos han sido vaciados en una suma que excede un millón de millones de pesos (un billón). El poder absoluto en la intención de quien lo pretende, pasa ahora por devolver al gobierno la función de árbitro electoral. No hay límites económicos ni políticos para quien quiere ser juez y parte. No hay ni existe límite alguno cuando se hace de la mentira la única verdad.
A pesar de controlar los poderes ejecutivo, legislativo y tener un veto claro en el judicial para sus afanes de autócrata nada es suficiente.
