El arresto e intento de enjuiciamiento en Estados Unidos del general Cienfuegos levantó un nuevo muro político con México, país agraviado por la desconfianza que evidenció el gobierno de Trump al no compartir información sobre una investigación y detención tan insólita y sensible y al violar la DEA tratados y acuerdos de cooperación en materia de narcotráfico formalmente vigentes desde 1992.
Hoy la relación bilateral está en crisis y con mal pronóstico si no se alinean las dos visiones de la convivencia entre países y gobiernos, al menos en temas estratégicos de seguridad, migración, economía y comercio. México tendrá que redefinir pronto con EU la relación bilateral en justicia y cooperación policial o seguir permitiendo que las agencias americanas suplanten aquí a las nuestras y operen por encima de la Constitución y las autoridades mexicanas.
Ante el desistimiento norteamericano contra Cienfuegos fincado en razones de política exterior, el resultado de las investigaciones tendrá que ser suficientemente informado para evitar daños al prestigio del Ejército, sobre todo cuando dentro de la 4T hay quienes le atribuyen culpas o responsabilidades institucionales por hechos como los de Ayotzinapa, según ellos, insuficientemente esclarecidos.
Las filtraciones informativas sobre presuntas grabaciones e intercepción de mensajes emitidos desde un Blackberry permiten suponer que las evidencias que sustentan la acusación son pobres, endebles e insuficientes. El asunto de fondo debería conducir a revisar el papel de la OBI, presencia del Pentágono en México y que agrupa al FBI, DEA y otras agencias, e implica la operación de autoridades de EU actuando a contracorriente y por encima de la normatividad nacional.
Aun si el general acusado en EU se encuentra en situación de retiro, considero que los tribunales competentes deben ser los militares, no por razones de privilegio, sino de estricta competencia. Vale la pena consultar la tesis de la SCJN a ponencia del ministro Gutiérrez Ortiz Mena en el juicio de amparo en revisión 605/2014, que en el punto 70 establece: “Cuando a ese militar se le imputa haber cometido un delito contra la salud durante actos de servicio, contrariando la misión que le fue encomendada… será competencia del fuero castrense”.
Hasta antes de ser liberado —cuando la posición pública del presidente sobre Cienfuegos y la investigación de la DEA cambió— el malestar al interior del Ejército crecía día con día. Referirse en forma dudosa y peyorativa al acusado sobre bases de dudosa validez, dio inicio a un importante disenso interno. Si en el gobierno algunos calcularon que el Ejército se dividiría o se “achicaría” desconocen el espíritu de cuerpo y el liderazgo que une a los mandos y a la tropa.
En el horizonte de la agenda que ahora pasa por la investigación a un respetado militar de alta graduación está la redefinición de un papel de las agencias americanas en nuestro país, su sujeción y respeto a la Constitución y al orden normativo. Está por verse el perfilamiento del gobierno mexicano ante el cambio de estafeta presidencial en EU y la llegada de Biden, oficialmente invisible desde el podio mañanero. Sin acciones eficaces que construyan mejores escenarios en el tablero de la relación con EU, el gobierno mexicano traerá una mula ahorcada, de la que no podrá deshacerse fácilmente.
