¿Quién lo entiende? Desde el mismo gobierno que festeja el ingreso de divisas enviadas por decenas de miles de paisanos migrantes que laboran en Estados Unidos, se atacan hoy los acuerdos del TMEC que dan complementariedad a todo un mercado regional entre México, Estados Unidos y Canadá.
El incumplimiento de un tratado puede ser un capítulo más en la suma de todas las degradaciones acumuladas en poco más de tres años. La pérdida de la certeza jurídica –lo mismo para cumplir un tratado internacional que para dar mantenimiento oportuno a las pistas e instalaciones de un aeropuerto, abonan el aislamiento de México y el actual estilo autárquico de gobierno. Todo contribuye a la degradación creciente del estado de derecho.
De seguir así, estaremos acostumbrándonos no sólo a que un aeropuerto siga fuera de los estándares de la seguridad aeroportuaria internacional y de las reglas aprobadas por 199 países miembros de la Organización Internacional de la Aviación Civil: todo el país seguirá siendo llevado por la ruta de las degradaciones.
Atrás de los tropiezos en las “políticas” (es un decir) de la seguridad pública, de la educación o la salud; o de tragedias sociales como el desabasto de medicamentos, la irresponsable desaparición de fideicomisos, el subejercicio del gasto como “técnica” administrativa o del enmudecimiento “circunstancial” del sistema informativo de compras públicas por falta de mantenimiento, se encuentran el empobrecimiento del discurso de gobierno y la falta de respeto a las palabra, por el grave significado que proyecta la frase “y no me salgan conque la ley es la ley”. Bajo ese paradigma ¿a quién puede importarle cumplir la obligación de dar mantenimiento oportuno a cualquier servicio público?
La reducción de 75 a 71 años en la esperanza de vida de los mexicanos, por efecto directo de la pandemia (medida en 2021 por investigadores del Colmex, Colegio de la Frontera Norte y de la Universidad de California) parece anticipar otras “degradaciones” de la vida colectiva, adicionales a la que promete conducir a los servidores públicos hasta hacerlos pasar “de la austeridad republicana a la pobreza franciscana”.
Por lo pronto, la tolerancia y manga ancha hacia la impunidad de la violencia criminal hunde en el miedo a pobladores de localidades de Michoacán y Jalisco. Abandonan incluso sus lugares de origen y exiguas propiedades para ponerse a salvo. Son hechos documentados, no inventos “neoliberales”. Todos subrayan el incumplimiento de obligaciones constitucionales.
La degradación del estado de derecho también hace posible que un simple memorándum o un decreto imponga cualquier decisión administrativa por encima de lo establecido en una ley general o en la propia Constitución, aún si ello arrastra las competencias, facultades, independencia y buen desempeño de los poderes legislativo y judicial en su condición de contrapesos ante el ejecutivo.
Ese es el contexto de la advertencia del Ejecutivo, al anticipar la posible negativa de incumplir un tratado suscrito por él mismo, para evadir los compromisos regionales de comercio con Estados Unidos y Canadá.
¿Quedará el cumplimiento del TMEC este 15 de septiembre, sujeto a la realización de una encuesta “a modo” como las ya conocidas sobre el aeropuerto de Texcoco, la revocación de mandato, el enjuiciamiento a los ex presidentes, o la posible votación a brazo alzado para devolver al gobierno y quitar al INE el arbitraje de los procesos electorales?
¿Es la proliferación de imágenes como las vistas en la elección interna de consejeros de Morena, con violencia, acarreo, robo de urnas un anticipo de lo que veremos en 2024? La triste respuesta es que todo puede aún empeorar, si la lucha contra la indiferencia y la degradación nacional no es derrotada con los instrumentos de la democracia y la ley.
