Ignacio Morales Lechuga

Libertad de cátedra

Libertad de cátedra
22/12/2021 |02:51
Redacción El Universal
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Ignacio Morales Lechuga

Libertad de cátedra

Libertad de cátedra
22/12/2021 |02:51
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Parece inevitable que el 2022 nacerá marcado no sólo por el ataque de la 4T contra el árbitro electoral, sino también contra los institutos de salud, de medioambiente a las instituciones de enseñanza superior (incluidos el CIDE y la UNAM ), cuyo común denominador es su natural oposición a cualquier expresión del pensamiento fanático.

Estamos ante una verdadera cruzada contra el conocimiento en la cultura, la educación y el desarrollo de la ciencia y tecnología. Para llenar los huecos que deja el debilitamiento institucional, el gobierno no propone nada y la consigna de “están conmigo o están contra mi” sigue presente en los hechos y ahoga cualquier expresión de tolerancia.

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, INE , CIDE, UNAM y los institutos de salud y de políticas ambientales seguramente seguirán siendo castigados en la autorización y ministración de sus presupuestos con el apoyo y aplauso de legisladores del partido oficial.

La fórmula de reemplazo está en garantizar que las instituciones acosadas sean dirigidas por personas capaces de ofrecer 90% de incondicionalidad y 10% de capacidad.

La metodología preferida para el desmantelamiento institucional de los centros nacionales del conocimiento, es designarles a un incondicional que aplique medidas de coerción administrativa, desmantele el cuadro de directores y profesores hasta afectar o anular su capacidad creativa y crítica, colocándoles una especie de “camisa de fuerza” inhibitoria de la investigación, la crítica y las libertades de expresión y de cátedra.

En el caso de los Institutos Nacionales de Salud , éstos deben atender la educación profesional de alta especialidad médica, la investigación y atención de enfermedades complejas. Al margen de sus juntas de gobierno, todos han sido forzados a cambiar sus órganos administrativos, para designarles directores al gusto de la ideología del grupo en el poder. Con el pretexto de la pandemia los redujeron a funcionar como clínicas u hospitales de cuidados básicos, sin importar nivel y misión original.

Bajo el golpe de espada de ser corruptos derrochadores y promotores del neoliberalismo, la presión gubernamental ha hecho desaparecer –entre otros— al Instituto de Evaluación de la Educación, al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua y al Instituto de Ecología, sin importar el vacío que dejan para la aplicación y difusión de políticas públicas correctas en sus respectivos campos de acción en contra de los acuerdos de la convención internacional COP26 .

También el Instituto Nacional de Ciencias Penales está en vías de demolición, centro de formación de jueces y ministerios públicos federales y locales e institución de excelencia en la investigación.

La destrucción de instituciones educativas y académicas, empuja la reconversión de éstas hacia el mundo fantástico de los “otros datos”, de la reivindicación del “tanteómetro” y del cuento de que los problemas difíciles tienen soluciones fáciles. Ya hemos escuchado desmesuras de todo tipo: extraer petróleo es tan sencillo como meter un popote en el subsuelo; rifar un avión es la solución para deshacerse de él; crear un espacio aéreo para el Valle de México es fácil porque “los aviones se repelen”; así como se reparten “papitas y refrescos”, igual pueden distribuirse medicamentos en todo el país; diseñar y desarrollar un respirador artificial para pacientes intubados es pan comido; pronto se aplicaría la vacuna “Patria” que seguramente cumpliría con los más altos “estándares internacionales” …etc., etc.

En tan sólo 14 meses, Emilio Portes Gil , presidente interino, sembró en 1929 la semilla de la libertad de cátedra mediante la autonomía de la UNAM y la Ley de Escuelas Libres. Esa semilla, su árbol y sus frutos fructificaron de muy diversas formas. Hoy están severamente amenazados con la destrucción y desnaturalización de sus fines. Ojalá nos demos cuenta de lo mucho que está en juego este naciente 2022.

Notario, exprocurador General de la República.