Con el resultado de la consulta para revocación de mandato, el gobierno de la 4T debería entender que –de aquí a 2024- se le ha agotado la legitimidad para cambiar a voluntad cuanto quiera. De la frase presidencial “me quedo; vamos a seguir con la transformación”, sólo la primera parte es cierta y ese resultado lo sabíamos todos de antemano.
En un proceso en el que participaron 15 millones de votantes (de un universo de 95 en total), 80 millones de abstencionistas no pueden ser ignorados. La consulta es todo menos un éxito democrático. Y el mensaje a la 4T es reprobatorio y en el sentido señalado.
La distorsión y alteración principal estuvo en convertir un proceso revocatorio en uno confirmatorio, plagado de ilegalidades tan evidentes como la proliferación de carteles espectaculares que “nadie sabe quién hizo”, asunto que debe ser investigado por el INE y el TEPJF, aun si esto recrudece la confrontación del gobierno con el árbitro electoral.
Si en algún momento el presidente se permitiera la introspección crítica-distinta de la autocontemplación extasiada que lo caracteriza– podría preguntarse también, en qué medida el alejamiento ciudadano de las urnas se debe a que el país está mucho peor que cuando tomó el cargo.
La gestión del actual gobierno es desastrosa y preocupante, a veces en grados espeluznantes. El acarreo masivo, la entrega doble de fondos a beneficiarios de programas sociales; la activación anticipada y al doble de los llamados apoyos sociales; el grosero acarreo masivo de grupos y organizaciones controladas por el gobierno; el sistemático golpeteo contra el INE, todo evidencia el pingüe resultado en las urnas,
El telón nacional de fondo de este ejercicio hecho en medio de una economía estancada con finanzas públicas cada vez más sobrecalentadas, hartos de brotes de violencia y acumulación de nuevos fracasos como el truene del INSABI y la consiguiente sobrecarga al IMSS para salirle al quite, (convirtiéndolo en una secretaría de salud alterna); el desmantelamiento del sistema educativo y su creciente ideologización, anticipan la visible cercanía de nuevas tormentas inevitables.
Los precios subsidiados de las gasolinas y el diésel, por la suspensión del cobro del IEPS y la ampliación complementaria del mismo, no ha evitado que sean los propios distribuidores e importadores quienes tengan que absorber y subsidiar al gobierno, pagando los combustibles a precios reales de mercado internacional para venderlos aquí a precio subsidiado, -con pérdidas fiscales de 80 mil millones de pesos cada mes-- bajo la promesa de que “los importadores serán apoyados luego por el SAT ”, pues Pemex sólo puede surtir el 30 por ciento de la demanda nacional de combustibles.
La olla de presión comienza a dar señales de que puede estallar en un país, no sólo dividido desde el ejecutivo sino cada vez más confrontado socialmente por decisiones de gobierno que parecen encaminadas a desentenderse de los grandes problemas nacionales.
En reciente artículo para EL UNIVERSAL, Angel Gilberto Adame refiere el ejercicio revocatorio realizado por Antonio López de Santa Anna en 1854, cuando -entre aplausos y loas parecidas a las de algunos corifeos de la consulta de esta semana- su alteza serenísima, hace saber que está dispuesto a “sacrificarse” por sexta ocasión en aras de servir al pueblo como presidente de México. La historia registra que no fue su ambición lo que entonces cedió, sino su salud.
Un ejecutivo que desprecia la buena administración pública, deja de comprender puntos fundamentales de la tarea de gobernar. Hemos visto al secretario de relaciones exteriores rebasado por lances diplomáticos absurdos, aunque activo como enviado para comprar medicinas o vacunas; o a una titular de la Función Pública comprando camiones para transportar combustibles, equipos cuyo destino se ignora)
Caso extremo es la desnaturalización de las fuerzas armadas, puestas a cumplir misiones en tareas distintas a su función constitucional y tan cuestionables como el tendido de vías férreas en proyectos que destruyen selvas y amenazan cuevas subterráneas y cenotes en la Península de Yucatán. Hemos visto también al responsable de la política interior, muy lejos de su función como conciliador político, convertido en orador de mítines de campaña, con expresiones inusitadas hacia el árbitro electoral para “barrerlo” de la historia.
Si toca a este gobierno el haber roto el record de violaciones a la Constitución (sólo o con la coparticipación del poder legislativo y el judicial), no se extrañe nadie si el reloj de los ciudadanos pueda estar marcando que es hora de exigir que el gobierno cumpla con su deber, para recordarle que fue elegido para resolver problemas del país, no para refundarlo; ni tiene el poder escriturado a perpetuidad para impulsar ocurrencias y proyectos fallidos.
Recientes resoluciones de la SCJN ponen coto a pretensiones tan absurdas como entregar al gobierno 250 mil millones de pesos de los rendimientos financieros de recursos bajo el cuidado del Banco de México, o 758 mil millones provenientes de fideicomisos públicos desaparecidos de un plumazo por este gobierno. La ley no permite al ejecutivo hacer “guardaditos” de recursos que deben reintegrarse a la cámara de diputados para hacer desde allí su debida reasignación presupuestaria. Esto de aprender de la historia es ciencia y arte, pero no sólo los exégetas del gobernante en turno tienen la palabra. Y enhorabuena, porque esto es algo que los ciudadanos ya aprendimos.
