El día de ayer, mientras la Suprema Corte discutía las diversas acciones de inconstitucionalidad planteadas por un grupo de partidos políticos para invalidar parte de las reformas constitucionales aprobadas el 15 de septiembre de este año, es decir, aquellas referentes al Poder Judicial y a la elección de jueces y magistrados, pensé que el grupo de ministros que en otras ocasiones habían hecho una férrea defensa de la Constitución se mantendría compacto hasta el final, es decir, alcanzaría la declaratoria de inconstitucionalidad.
Sin embargo, después de ver la posición que asumió uno de los ministros durante su intervención, distanciándose de la opinión del resto del grupo que había asumido la defensa del Poder Judicial, pensé que la solución estaría en apelar a la literalidad del artículo 94 y del artículo 105, ambos coincidentes en establecer literalmente que se requieren seis votos para resolver sobre las acciones de inconstitucionalidad, me hizo recordar la frase que Mitterrand pensaba durante la resistencia contra los alemanes “cuando un pequeño grupo se decide puede cambiar el rumbo o destino de una nación”, también me venía a la mente la de Winston Churchill al terminar la Segunda Guerra Mundial: “nunca antes tantos le debieron tanto a tan pocos”. Sin embargo, pronto vi que esa idea se desmoronaba después de la comida, cuando la Corte decidió que no se podría resolver una inconstitucionalidad con seis votos, a pesar de haber aprobado que sí estaba facultada para resolver sobre la inconstitucionalidad de las reformas.
¿Con esto se acabó el estado de derecho? No, simplemente no tendremos buenos jueces, pues se habrá perdido el procedimiento de selección y aprobación adecuados y necesarios para tenerlos; es decir, en principio la suerte y el juego de intereses serán los que acabarán imponiendo la ley y las reglas del juego. Como diría Julio César, la suerte está echada no hay marcha atrás, cuando menos por ahora.
¿Cuál será el resultado del desempeño de los jueces? Lo más seguro es que la autonomía e independencia que garantiza la Constitución y que durante más de seis años vimos que funcionaba, hoy pueden darla por muerta. Ojalá me equivoque, pero no encuentro elementos objetivos que me permitan garantizar estas cualidades a partir de agosto de 2025.
¿Cuál será el destino del país y de la Corte? Uno muy similar al Venezuela y Bolivia; siguiendo las directrices del Foro de Sao Paulo, en el que los intereses del Ejecutivo o de grupos de poder locales prevalecerán sobre la equidad, autonomía, independencia y apego a la ley y a la Constitución que debieran inspirar el trabajo de la judicatura. Los jueces no necesariamente estarán preparados o formados y mucho menos con experiencia para desempeñar su trabajo.
¿Qué mensaje se envía a la inversión extranjera y al exterior? Que México carece de un sistema de justicia sólido y por lo mismo la confianza y la credibilidad en el estado de derecho se reducirá. Veo muy posible que el crecimiento económico se estanque o reduzca y difícilmente alcance los números estimados de 1.4% o incluso un poco menos.
En lo personal, si bien los ministros habían abrazado en días anteriores la posibilidad de darle lustre al estado de derecho, ayer renunciaron o abdicaron a esa posibilidad.
Con este hecho concluye la novela de la reforma judicial. Los resultados son que ni se resolverá el problema de corrupción en la justicia mexicana, pero tampoco se destruye el sistema. La reforma quedó corta en la medida en que no comprende al sistema integral de seguridad, procuración, justicia y readaptación social; lo que sería un auténtico esfuerzo del país para resolver la inseguridad pública en México. Esperemos que más adelante el país logre el anhelo de contar con un sistema de seguridad y justicia a la altura del siglo XXI. Por lo pronto hoy, los primeros pasos ya no se concretaron.
Notario, ex Procurador General de la República