El colapso del Sistema de Salud es cada día más evidente. Día a día surgen historias de personas desesperadas por conseguir medicamentos necesarios para sobrevivir y les son negados una y otra vez en las farmacias de hospitales del sector salud. Los datos no mienten. El número de recetas no surtidas pasó de ser prácticamente cero en junio de 2018 a más de 22 millones en 2021. Esa cifra es casi igual al total de trabajadores registrados en el ISSSTE y el IMSS.
Mientras tanto, la Cofepris sigue retrasando, quién sabe con qué fin, las autorizaciones para importar nuevos medicamentos que podrían subsanar el desabasto generalizado en el país. Eso sí, raudos agilizaron los permisos de la vacuna cubana Abdala, contra el Covid, que aún no cuenta con el visto bueno de la OMS. A esto hay que sumar las adjudicaciones directas en contratos del Insabi, el ISSSTE y el IMSS, favorables en muchos casos a empresas de reciente creación que además de fomentar la corrupción suelen traer aparejada la pérdida de vidas humanas.
Uno de los símbolos de esta descomposición son las protestas y manifestaciones de médicos, que toman las calles y reclaman los malos salarios y la falta de insumos en su trabajo. Y no hablo solamente de clínicas rurales, que llevan años en el abandono, sino de hospitales de primer nivel como el “20 de Noviembre”. El problema se debe en gran medida a la mala planeación y deficiencias logísticas que causan serios conflictos en las complejas cadenas de suministro de la industria farmacéutica. Fabricar, envasar y transportar oportunamente los fármacos que requieren el ISSSTE y el IMSS implica meses de preparación.
¿Las consecuencias de todo esto? Enfermedades que por años estuvieron controladas atacan hoy a quienes carecen del esquema de vacunación completo, el caso más reciente es el paludismo en Oaxaca, pero estamos —según especialistas— cerca de un brote de sarampión por el alto rezago en la vacunación. Es inaudito que muchas personas tengan que viajar durante horas intentando conseguir una vacuna que no fue abastecida en su clínica. Un brote de estos puede ocasionar grave afectación en una comunidad que no cuente con los servicios de salud básicos.
En un escenario posible se espera que en junio se agoten los 122,000 millones de pesos del Fondo de Salud para el Bienestar, con lo cual el Insabi, que sustituyó al Seguro Popular, estará a punto de colapsar, no sin antes haber sido señalado como instrumento para apropiarse de los recursos que eran utilizados para atender a personas con tratamientos de alto costo como el cáncer y el VIH. A pesar de las carencias y la creciente demanda, el presupuesto de las instituciones de salud sigue viéndose mermado sistemáticamente los últimos 4 años.
Por lo anterior, me atrevo a decir que, en su lucha de poder e intento por someter a las farmacéuticas, el gobierno ha abandonado a quienes pusieron sus esperanzas en él. Si no se rectifica llegaremos al desplome total de la Salud Pública y el Insabi, sin medicamentos, con un fideicomiso desfalcado y con millones de personas sin acceso a servicios médicos, en franca situación de vulnerabilidad y desamparo. Otra vez, los pobres serán los más afectados, como ha sido la constante en este gobierno.
En mi opinión una buena estrategia empezaría por combatir la creciente corrupción de este sexenio, restaurar las estructuras que probaron su eficacia y buscar los elementos de salud universal que intentó establecer el Seguro Popular. De lo contrario estaremos cada vez más lejos de Dinamarca y más cerca de esa mezcla destructiva y letal de ineptitud, corrupción, rezago tecnológico y abandono de la investigación.
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