El 12 de diciembre, contagiados quizá de fervor guadalupano, los diputados de la CDMX cargaron de pólvora los cohetones legislativos y promulgaron un decreto que —al elevar las penas privativas de libertad— revela un irresponsable voluntarismo, enorme ignorancia y desconocimiento de la realidad.
Los artículos modificados del Código Penal incrementan sustancialmente las penas privativas de libertad hasta por 30 años de prisión para quienes cometan actos de extorsión y realicen actos indebidos de cobranza. Las penas de prisión serán mayores si pertenecen a un cuerpo de policía, compañía de seguridad privada, trabajan en alguna organización de cobranzas o forman parte o se ostentan como miembros de un cártel delictivo.
A primera vista estas disposiciones parecen un acierto surgido ante el enorme malestar social por las cifras de víctimas que alcanzan las conductas de extorsión en nuestro país. El primer error —que anticipa un nuevo fracaso— es creer que la inseguridad es originada por penas poco severas y no de la impunidad que derrota al conjunto del sistema de justicia. ¿De qué sirve elevar penalidades si menos del 2% de los delitos cometidos en el país reciben una sentencia?
La mayoría de los delincuentes ignoran cuáles son las penas por los delitos que cometen. Si lo supieran seguramente reirían por la inocencia con la que se intenta disuadirlos como forma de atajar los delitos.
Subir penalidades se intentó en 1993. Quienes me sucedieron en la PGR —actual Fiscalía General de la República— barnizaron la política criminal aumentando las penas en todo lo que se les ocurrió. Lejos de disminuir, los delitos aumentaron.
Hace 50 años el homicidio simple se castigaba con 7 años de prisión; en riña de 4 a 6 años y el intencional con 20 a 30 años. Hoy las penas rondan entre 50 y 70 años de prisión y lejos de disminuir los homicidios siguen aumentando. Lo ocurrido ante más de 200 mil homicidios dolosos en el sexenio 2019-2024 es un botón de muestra: en menos de 3 meses, los criminales le han puesto un segundo piso a la impunidad con más de 5 mil homicidios dolosos.
¿Aumentar las penas contendrá los delitos? En teoría, con más actividades sancionables y más tiempo en reclusión, menos personas serán liberadas. Si hoy contabilizamos más de un millón de casos de extorsión al año, cientos de miles de homicidios, decenas de miles de casos de personas desaparecidas ¿habrán pensado los legisladores dónde serán albergados “sus” nuevos delincuentes? ¿Cómo se rehabilita a quien ha permanecido 70 años en la cárcel, más los 18 necesarios para ser imputable? ¿A los 88 años van a salir rehabilitados?
El verdadero problema es y seguirá siendo la impunidad y sólo podrá atenderse mejor mediante la actuación profesional de las policías, el trabajo responsable de ministerios públicos y jueces. Aun con penas de mil años, la justicia seguirá mostrando sus profundos vicios e inconsistencias. Quienes cometen los actos más graves seguirán confiando en su pronta libertad gracias a la corrupción y a la ausencia de profesionalismo en la cadena de la justicia y el Estado seguirá evidenciando estar rebasado ante la violencia y los delitos socialmente más ofensivos, ahondando viejos vicios con una nueva simulación.
Es absurdo que en la ciudad que prohíbe el uso de vapeadores funcionen tres fumaderos públicos de marihuana a cielo abierto en Paseo de la Reforma. Hoy la ley persigue más a los enfermos alcohólicos que a las personas drogadictas y el alcoholímetro castiga a quienes sorprenden con aliento alcohólico, pero no a quienes manejan intoxicados con enervantes.
La cosmetología de aumentar las penas ahondará los vicios e incapacidades del sistema de justicia para brindar seguridad a la población y seguirá exhibiendo la ausencia de una política criminal integral, algo que podrían comenzar a revertir los legisladores si tomaran más en serio su trabajo y el análisis de las iniciativas que votan.
Notario y exprocurador de la República
