Arrancamos el 2022 con una variante del Covid que se propaga como la amenaza del momento para la salud de los mexicanos. Ni en Estados Unidos ni en Europa se atreven a predecir cuándo podrán ver el fin de la pandemia; aquí los encargados oficiales de la salud pública, siguen sin definiciones claras en el uso del cubrebocas, trastabillan sobre la pertinencia o no de aplicar pruebas masivas para detección de antígenos e incluso algunos recomiendan atender los síntomas con “Vaporub”.
Decidir acciones con base en mediciones que nadie conoce, confundir la obstinación con la perseverancia e ir a contracorriente de las normas que rigen para la generalidad de las personas, es opción de cada quien, sin embargo, no debiera hacerlo un líder político que es, además, jefe constitucional del Estado, del gobierno y comandante de las fuerzas armadas en un país con 120 millones de habitantes.
El “detente” y el “sahumerio” han demostrado no ser buenas opciones ante el Covid y menos en momentos de crisis cuando se esperan las mejores conductas públicas de quienes más influyen en las determinaciones de otros mexicanos.
La segunda recaída presidencial por contagio de Covid retrata la vulnerabilidad real y simbólica de quien, siendo depositario constitucional del ejecutivo, se ha erigido en actor personal y cotidiano de cuánto considera su interés, sin que a su “libre opinión” y recomendaciones le sigan luego las mejores decisiones de alcance público.
En ambiente de río revuelto, se agravan en el territorio nacional, un día sí y otro también, los choques violentos entre bandas del narcotráfico. En los propios espacios de la actividad del Estado se hace notoria la presencia criminal; la disputa por las plazas y las rutas en Zacatecas, Nayarit, Morelos y Veracruz exhibe el desconcierto o complicidad de las autoridades locales. Ante la más reciente masacre en Isla, Veracruz, el secretario general de gobierno llegó a decir “No puede haber un cártel que venga a establecerse sobre otro”.
En el frente económico, el año en curso trae la carga de un tsunami inflacionario que impacta y golpea con fuertes alzas de precios, la canasta básica de alimentos y distorsiona como nunca en 24 años el funcionamiento de la economía en general.
Pero la voz gubernamental sigue extraviada en sus prioridades; la consulta revocatoria como impulso para debilitar al árbitro electoral construido por tres generaciones hasta llegar a elecciones democráticas confiables, creíbles y profesionalmente organizadas. Esa voz es la misma que desprecia las señales de alerta ante la depresión de la economía, la creciente salida de capitales y el consiguiente retiro y disminución de la inversión privada.
Minimizar la importancia de las pruebas de contagio no resiste ningún criterio médico. Parece una decisión en la línea de evitar que el disparo en casos positivos proyecte y anticipe el tamaño de la nueva ola de internamientos, de los entubamientos urgentes y el colapso de la frágil infraestructura de salud a consecuencia de ómicron.
La única fórmula exitosamente probada para la contención de la pandemia es la vacunación general y la adopción de políticas de prevención que incluyan masivamente pruebas de detección y uso de cubrebocas. Nuestras laxitudes acríticas contrastan con los requisitos de salud que se exigen a los visitantes en otros países. El gobierno australiano es ejemplar al evitar que ingrese sin vacuna a ese país un campeón del tenis profesional.
Si el aparato público cancela de antemano la posibilidad de aprender de los errores en el manejo de la pandemia; si se multiplica el menosprecio a la ciencia, a la técnica y al conocimiento, corremos el riesgo como sociedad de que el único pico que veamos en descenso estos meses sea el de los zopilotes.
