México es el único país donde la prevención, los tratamientos y la distribución de medicamentos a la población —consecuentes con el derecho universal a la salud—, han requerido del juicio de amparo para que el gobierno brinde a enfermos las medicinas y los tratamientos que en los hechos les niega.

En medio del agobio por la crisis de medicamentos, resulta conmovedora la carta de un juez en respuesta a una madre que pidió la intervención judicial para obtener los fármacos que su hija necesitaba para seguir luchando contra el cáncer infantil:

“… soy un Juez que recibió un escrito en el que tu mamá me informó que has estado acudiendo a un hospital para que tu salud mejore pronto… A partir de ahora estaré pendiente de tu atención en ese hospital. Tú o tu mamá pueden avisarme sobre cualquier situación que les genere duda…” decia, entre otras cosas, la sentencia emitida por el juez Israel Flores Rodríguez del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo, con sede en Cholula, Puebla.

La imagen del juzgador frío y distante, centrado en el estudio y análisis de un expediente, indiferente a toda circunstancia personal, cede ante la actitud de quien se conmueve con el drama de quienes están en riesgo de muerte por alguna enfermedad.

Otros jueces en Aguascalientes y la Ciudad de México también han emitido sentencias que buscan garantizar el acceso a la salud que consagran la Constitución, las leyes de salud y diversos convenios internacionales suscritos por México.

Al otorgar el amparo, estos jueces protegen la salud de seres vulnerables con nombre y apellido, pero exhiben de paso la ineptitud de quienes tienen la obligación de cuidar y proteger la vida al ser responsables políticos de un sistema de salud pública. Esos jueces erigen un muro de esperanza ante la arbitrariedad, indiferencia y apatía de omisos funcionarios.

La falta de medicinas para pacientes infantiles enfermos de cáncer —caso de alto impacto público aún no resuelto— no es atribuible a los médicos. Muchos doctores especializados y a la altura de los mejores del mundo, también son víctimas de la demolición presupuestaria y operativa de las instituciones de salud pública, con el pretexto de combatir la corrupción.

Decisiones oficiales equivocadas, sin planeación, sin programas y sin rumbo se agravan por la decisión de mentir y encubrir errores. El compromiso presidencial de superar en dos años la corrupción en la compra de insumos no ha hecho sino agravar la capacidad y la calidad de los servicios de un sector sometido desde hace décadas a insuficiencias históricas.

De entrada, la compra de medicamentos se encomendó a la subsecretaría de Hacienda y Crédito Público, quien a su vez substituyó a los administradores de hospitales e Institutos Nacionales de Salud y obligó a los estados a seguir un programa federal centralista de compras de medicamentos que ha llevado a la actual crisis de escasez de fármacos. La pandemia aceleró y develó el pasmo de autoridades de salud, incapaces de atinar con soluciones rápidas y eficaces, y como siempre, no hay responsables.

Además de los 1,600 fallecimientos de niños con cáncer, otras enfermedades como la diabetes limitan y amenazan la vida de más de 12 millones de mexicanos. Patologías del riñón, corazón e incluso problemas visuales, afectan a más de 7 millones, de las que el 50% enfrentan discapacidades permanentes.

Más allá de la diaria retórica de las generalidades ¿cuáles son las metas y objetivos de la 4T en salud pública? ¿Hasta dónde llegará la demolición administrativa, financiera, técnica y material de esa cada vez más reducida capacidad institucional? ¿Sabrá el Presidente que cuando se omite comprar medicamentos el resultado es la muerte en muchos casos?

Notario, ex Procurador General de la República