Como pozarricense, los recientes hechos de violencia que han salido a la luz hace unos días me han perturbado fuertemente. A mi mente viene el recuerdo de amigos y familiares, de mi infancia y de mis paisanos. El terror que ha sembrado el crimen organizado en esa región es inaudito, muchos conocidos míos han tenido que abandonar sus hogares de toda la vida por el miedo que se vive en la entidad.
La violencia ha escalado a tal grado que las tragedias ocupan los escaparates informativos un día sí y el otro también. Sin ir más lejos, apenas procesábamos el magnicidio en Ecuador y el feminicidio en Guanajuato, cuando apareció la triste noticia de Veracruz. Una semana atrás fueron los asesinatos en Chilpancingo, y atrás las ejecuciones en Acapulco y más atrás el asesinato de Hipólito Mora. Revisen los diarios, no hay día en que no haya una noticia de esta índole.
La riqueza acumulada por la delincuencia organizada ha crecido y seguirá creciendo, prueba de ello es el aumento de las remesas que se envían hacia México, que son la verdadera fuente de la reducción de la pobreza en muchos hogares y no el buen manejo del gobierno como nos quieren hacer creer.
Lo más preocupante es lo que ha puesto de manifiesto el asesinato del candidato Villavicencio, que el crimen organizado hace mucho dejó de tener fronteras y que la violencia y el narcotráfico no están focalizados en las entidades limítrofes entre México y Estados Unidos, como erróneamente lo ven algunos.
Sorprende, o tal vez ya no tanto, la defensa que hace López de los cárteles mexicanos ante los señalamientos del propio Villavicencio, quien con antelación manifestó la presencia del Cártel de Sinaloa en aquel país, las amenazas de muerte que recibió de uno de sus operadores y la colusión que había con el gobierno mexicano.
Lo expuesto por el fallecido candidato debe prender las alarmas en los países latinoamericanos, sobre todo en aquellos que están próximos a tener elecciones y de manera particular México, donde los secuestros y asesinatos de candidatos están en el escenario electoral desde 2018 y 2021 y hasta el momento no se conoce programa alguno que tenga por objetivo evitar la violencia en las elecciones de 2024.
El presidente debe entender que su papel en el proceso electoral del siguiente año no es el de jefe de campaña o gran elector, sino el de impulsar e instrumentar medidas, de aquí al final de la contienda, que garanticen elecciones libres de amenazas, extorsiones, secuestros y homicidios que puedan incidir en los resultados, como ha ocurrido en las dos últimas elecciones en las que se ha evidenciado cómo opera la delincuencia organizada en la votación.
La delincuencia no se crea ni se destruye, sólo se traslada; por eso no hay receta perfecta para combatirla, ni forma de erradicarla por completo. Cuando los cuerpos de seguridad logran regresar el orden a una zona controlada por criminales, éstos no se quedan de brazos cruzados ni abandonan sus operaciones, simplemente trasladan su negocio a un área menos preparada para contenerlos. Esa es la razón por la cual los grupos criminales se han propagado por todo el hemisferio, desde Alaska hasta la Patagonia.
Sin nuevos y más eficaces mecanismos de colaboración para controlar la delincuencia organizada transnacional y sus efectos en la salud, las finanzas y otras áreas de la vida económica y social habremos de seguir atestiguando actos de destrucción criminal y política como el de Ecuador.
Un país en forma aislada no podrá resolver el reto que plantea el enfoque global en el que se maneja la delincuencia; se requieren leyes similares a las de la Unión Europea, con alcances supranacionales, para que puedan aplicarse en todo el hemisferio de forma obligatoria antes de que sea demasiado tarde. Los países que ignoren este llamado serán los menos preparados y por lo tanto los más vulnerables y propensos a que sus gobiernos y sociedades sean invadidos por los criminales.