Es fácil estar de acuerdo con quien expresa su deseo de que la generosidad desplace a la avaricia y el amor prevalezca sobre el odio. Lamentablemente, cuando no se asumen desde el gobierno y la administración pública responsabilidades y acciones a la medida de los sueños, las palabras se quedan cortas, los enunciados vacíos y las injusticias prevalecen.
La Cumbre del G-20 reúne a los líderes de países cuyas economías representan 85% de la riqueza mundial, con la intención de analizar la pobreza y otros problemas que enfrenta la humanidad.
Ante la propuesta de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para destinar 1% del presupuesto militar al combate de la pobreza, ¿alguien señaló allí mismo que la violencia, la inseguridad, la pérdida absurda de oportunidades económicas y el desmantelamiento del sistema de salud son sólo algunos de los peores escenarios que un gobierno puede imponerle a los pobres?
También lo son el ejercicio autárquico de una sola voluntad, la pérdida de equilibrios democráticos y el desprecio a las leyes y a los fundamentos de una economía que sigue produciendo legiones de pobres en un país donde se habla mucho de ellos, pero se hace muy poco para que dejen de serlo.
La segunda administración de Trump, con mayoría en ambas cámaras y designaciones de perfil duro en cargos clave, plantea retos reales e inusitados en materia de migración, comercio y narcotráfico para los que México no parece estar preparado. Sería oportuno saber en qué basa la Presidenta sus afirmaciones cuando asegura que “no hay una razón para preocuparse”.
Los países representados en Río de Janeiro tienen visiones y realidades muy disímiles: Estados Unidos, China, Canadá, Rusia, Francia, Turquía, Corea del Sur, algunos países africanos y los latinoamericanos Brasil, Argentina y México así lo acreditan. Sus formas de gobierno, diversidad cultural y características socioeconómicas los colocan incluso en posiciones contrastantes en aspectos de compromiso democrático y observancia de los derechos humanos.
Dos graves realidades, hoy exacerbadas, seguirán atenazando a gran parte de los mexicanos. La violencia, por una parte, promueve la marginalidad y descompone el tejido social necesario para el desarrollo. El miedo en comunidades de Chiapas y Michoacán ha obligado a sus habitantes a renunciar a lo poco que tenían para subsistir. Por primera vez en años no son solamente centroamericanos en la frontera sur quienes buscan llegar a México. Son mexicanos quienes intentan cruzar la frontera con Guatemala y ponerse a salvo de los delincuentes.
Por la otra, la inseguridad jurídica acelera la pérdida de inversiones, la contracción de la economía, la falta de empleo y eleva la inflación para golpear más a quienes menos tienen. El ejercicio autocrático del poder, termina por aceptar que la corrupción, la explotación, la falta de educación y de salud son factores “manejables” y refuerza el ciclo de gobiernos cuya demagogia ofrece soluciones fáciles a problemas difíciles.
El primer paso indispensable para realmente combatir la pobreza seguirá siendo comprometerse a impulsar acuerdos básicos y una paz social que permita la creación de oportunidades para el crecimiento y el desarrollo productivo, no a partir de prácticas que se vuelven insostenibles como el reparto de dinero a fondo perdido o el endeudamiento irresponsable que hunde la economía nacional y las finanzas públicas.
La pobreza es relativa, sí, pero siempre es menor en países que cuidan la marcha económica y las inversiones productivas, donde hay democracia e instituciones que generan confianza, certeza jurídica, equilibran el ejercicio del poder y logran tener programas efectivos de seguridad, salud y educación pública.
Mientras no se atiendan las causas reales que reproducen la pobreza, las propuestas mexicanas ante el gran auditorio internacional serán, en el mejor de los casos, las de llevar el candil a la calle y dejar la oscuridad en la casa.
Notario, exprodurador general de la República
