A Juan Francisco Ealy Ortíz, en sus 50 años de líder
y presidente de El Universal.
De acuerdo al INEGI, en la Ciudad de México el comercio informal representa el 56% de la actividad económica comercial y no está obligado a contar con una licencia de uso de suelo, ni licencia de funcionamiento, o dispositivos de protección civil, tampoco paga renta, predial, derechos por servicio de luz y agua, ISR e IVA, no participa a sus empleados de las ganancias, ni les brinda seguridad social o Infonavit, tampoco paga impuesto sobre nómina, aguinaldo, ni primas vacacionales y no está obligado a operar en horarios de funcionamiento que no afecten a la comunidad. “Manga ancha” a la informalidad.
En cambio, sobre el comercio formal opera una red de leyes y organismos, con inspectores, el Invea, la Procuraduría Ambiental y de Ordenación Territorial (PAOT) que actúa de manera despiadada contra el comercio formal, pero que es obediente y sumisa ante toda actividad de los informales.
Es evidente que el comercio informal seguirá creciendo, pues es catapultado por la corrupción, que le permite invadir banquetas y calles, en contra del resto de los vecinos, pero tiene que pagar “el derecho de piso” que la delincuencia organizada le cobra, así como una cuota permanente a sus líderes. Los comerciantes ambulantes distribuyen mercancía pirata o robada al transporte proveniente de Veracruz, Tampico y de la frontera norte, y la distribución se realiza a ciencia y paciencia de las autoridades federales y locales. Esta modalidad mercantil, que actúa al margen de la ley, se vuelve un predador del comercio formal, que está obligado a cumplir con toda una serie de leyes y reglamentos; es esta desigualdad la que ha provocado el crecimiento de uno y la caída del otro.
Quien quiere abrir un comercio o iniciar un negocio inmobiliario tarda más de un año en obtener permisos y licencias, amén de cumplir con un viacrucis burocrático, se encuentran con autoridades exigentes, rigurosas y despiadadas, las suspensiones y clausuras no se hacen esperar, mientras tanto con las informales “manga ancha” y permisión.
¿Será la corrupción o el miedo a la violencia de los cárteles que operan atrás del ambulantaje, lo que impide a las autoridades poner orden en esta ciudad sumida en el caos? Lo único claro es que son un botín político también.
La autoridad parece desenvolverse en un doble juego, ya que a los formales les exige además el consentimiento de las organizaciones vecinales, y los informales, que yo sepa, jamás le han pedido permiso a ningún vecino para instalarse, lo mismo invaden el centro histórico, que todas las colonias, parques, jardines, banquetas y camellones, apoderándose de los espacios que corresponden a toda la comunidad y usufructuándolos en beneficio propio. Frente a esta ceguera de las autoridades, en el congreso local se ha presentado una iniciativa Morenista, que pretende regular el trabajo no asalariado (sic), y que de plano con la redacción que contiene, a espaldas de la ciudadanía, acabará entregando la ciudad al comercio informal, dejando todo a decisión de las alcaldías, es decir a la corrupción de los inspectores, y que incluso ahora, pretende regular el trabajo sexual (sic), y nos obliga a los contribuyentes a entregar gratuitamente a quienes desempeñan este trabajo preservativos y seguros de desempleo en caso de incapacidad por más de 6 meses. ¿Sabrán los contribuyentes a dónde van a parar
sus impuestos?
La mayoría de los miembros del Congreso de esta ciudad no representan los intereses y preocupaciones de los millones de ciudadanos que votaron por ellos, una y otra vez quieren impulsar leyes que perjudican y lastiman a los que trabajan y producen y ellos cuidan y apapachan a los que trasgreden la Ley, pues solamente piensan en los negocios oscuros y en los votos. ¿Esto es el cambio?
De continuar con esta ruta, no se requiere ser Nostradamus para vislumbrar la destrucción del poco orden que prevalece en la Ciudad y afectar la salud, la movilidad, la preservación del Centro Histórico y el comercio formal, así como la paz y convivencia, ya que los conflictos frecuentes dejan decenas de muertos y heridos en los enfrentamientos de los cárteles por apoderarse de la ciudad.
El presente y el futuro de la ciudad es lo que está en juego y las autoridades tienen la responsabilidad de impedir la destrucción.
Exprocurador General de la República