Desde hace 5 años el Ejecutivo ha sometido a una presión sin precedentes la integridad e independencia del poder judicial, al punto de poner en riesgo la división de poderes y la vigencia del estado de derecho en nuestro país.
El primer esbozo de este ataque sistemático –con obedientes legisladores oficialistas siempre dispuestos a la complacencia hacia el Ejecutivo— se vivió al comienzo de 2019, con una campaña directa en contra del ministro Medina Mora, quien fue acusado de corrupción desde el podio mañanero hasta forzar su renuncia, un señalamiento a todas luces falso que no tuvo consecuencia alguna después de su salida.
Con esa vacante en mano, el impulso presidencial se dirigió a buscar cuatro ministros incondicionales que bloquearan cualquier controversia o acción de inconstitucionalidad en los asuntos que así les fuera solicitado. Sin embargo, el cálculo les salió mal, pues los ministros entrantes se han apegado a cabalidad al texto constitucional y actuado libremente con base en su conciencia al emitir sus resoluciones, algunas de ellas contra el ego del Ejecutivo.
El acoso a la SCJN ha seguido escalando al extremo de amenazar con reformar la Constitución para reemplazar al órgano máximo del poder judicial por un tribunal elegido por el voto popular (de acuerdo a la conveniencia presidencial), ocurrencia que entraña un peligroso debilitamiento del estado de derecho y un golpe a la certeza jurídica.
Ante la poca aceptación de dicha propuesta han vuelto a producirse ataques directos, esta vez contra el ministro Luis María Aguilar por un asunto no concluido. Aunque se esperan reacciones de asociaciones y colegios de abogados, puede anticiparse que nada frenará las acciones destructivas ya conocidas.
A pesar de los múltiples embates en su contra, la Corte ha decidido no achicarse, prueba de ello es su resolución para que el Inai actúe con 4 consejeros ante el incumplimiento del Ejecutivo y el Senado, dando un claro mensaje de que, a pesar de las reticencias gubernamentales, la transparencia y el acceso a la información son esenciales para la democracia y cuentan con el respaldo constitucional.
El mal ejemplo federal se repite en estados gobernados por el morenismo, donde se han orquestado ataques directos contra jueces y tribunales locales con la intención de evitar sentencias que cuestionen acciones, como ocurrió en Veracruz donde una jueza fue encarcelada injustamente, o la desaparición del Tribunal Administrativo por órdenes del gobernador de Oaxaca.
Un paso concreto en este intento por minar la independencia judicial ha sido la reducción del presupuesto a la SCJN. Esta maniobra se traduce en un golpe directo a la capacidad de la Corte para funcionar adecuadamente. El detrimento equivale a 30% de su presupuesto total, lo que puede afectar gravemente su capacidad para operar eficientemente.
Para defender la Constitución no basta la división de poderes, hace falta una verdadera separación de poderes que permita la independencia del Poder Judicial para ejercer sus funciones al margen de presiones políticas por parte del ejecutivo o el legislativo. Para ello es necesaria una reforma constitucional, pero no la que el presidente está diseñando, sino una que entre otras cosas dote de autonomía financiera al poder judicial. Permitir que el ejecutivo diseñe el presupuesto judicial perpetuará la vulnerabilidad del sistema. La libertad presupuestaria es vital para el equilibrio de los poderes.
En un sexenio con poderes presidenciales exacerbados, con abundancia de decisiones caprichosas sostenidas en acuerdos y decretos contrarios a las leyes y a la constitución, el futuro del país dependerá en gran medida de la capacidad para resistir los intentos de subordinar a los poderes judiciales y garantizar que la separación de poderes siga siendo la columna vertebral de una democracia robusta y funcional. Impedir el avasallamiento de la SCJN es parte de lo que también estará en juego en las urnas del 2024.
