Ante el hecho consumado que coloca por completo a la Guardia Nacional bajo el paraguas operativo, de mando y administrativo de la Sedena, ¿qué podemos esperar los gobernados con ese nuevo esquema?
¿Se reducirán los desbordamientos violentos de la criminalidad que enseñorea en la mayor parte de los estados, ya no sólo por el narcotráfico, sino por delitos como el robo por asalto, el secuestro, la extorsión y los homicidios dolosos que golpean directamente a la población?
Sin el mínimo sentido crítico indispensable para reconocer y cambiar esa realidad, todo indica que seguirá imperando la política de un solo hombre, con más decisiones y actos fallidos y al garete, inútiles para reducir la violencia y los delitos de mayor impacto social.
Así, mientras las bombas rusas en Ucrania produjeron la muerte de 17 civiles y lesiones a 59 más el pasado domingo, en México murieron 87 personas víctimas de homicidio doloso ese mismo día.
Sin órdenes claras para impedirlo, ¿quién frenará el descaro de grupos organizados cuya impunidad deja a su paso pueblos fantasma, como en localidades de Michoacán? ¿Qué significa el asalto simultáneo a 40 vehículos en una autopista, incluso de día y cuyos autores huyen sin que haya ni un solo detenido como ya ocurrió en la ruta federal de las Cumbres de Maltrata, en Veracruz?
En medio de las muchas preguntas preocupantes, surgen informaciones develadas masivamente por quienes penetraron los servidores de la Sedena. Una de ellas relacionada con la adquisición de dos millones de granadas lacrimógenas, equipo policiaco no letal para el control de muchedumbres. Según esto, el Comité de Evaluación de Riesgos del AIFA considera que los colectivos femeninos en ese lugar son un factor de riesgo potencial más importante que cualquier grupo criminal. ¿Cuántos otros peticionarios urbanos y de presión sociopolítica —como los de defensa campesina o de colonos— podrían aparecer en el catálogo de riesgos de seguridad pública?
El tiempo de este gobierno se agota. Ni quién recuerde la promesa presidencial de superar la inseguridad en los dos primeros años. Al estar a expensas de las órdenes que reciba desde Palacio Nacional, la GN —aun con buena información de inteligencia— podrá perfilarse indebidamente en la línea de una fuerza sesgada contra quienes puedan representarle riesgos electorales al gobierno.
La inconstitucional decisión despierta nuevos temores mientras avanza el despido silencioso de policías y de civiles mediante programas de retiro o jubilación anticipada. Menos de 72 horas estuvieron en el mando los jefes de la policía estatal de Quintana Roo y Tamaulipas, sin que mediara información alguna sobre su remoción.
Con la CDMX, Monterrey, Querétaro, Mérida y Guadalajara como islas excepcionales y cancelados o agotados los fondos federales de apoyo a la seguridad, el Inegi considera en su más reciente Censo Nacional de Seguridad Pública que en al menos 23 entidades las policías estatales y municipales siguen perdiendo efectividad. Con las arcas secas, pasan de 10 mil los policías que han causado baja en los últimos tres años, por el efecto combinado de los bajos salarios, ausencia de capacitación y falta de equipos tácticos.
La única manera de salir del atolladero de la seguridad pública debe partir por reconocer que es en los estados y municipios donde habita la mayor parte de la población y ocurre el 90 por ciento de los delitos y conductas antisociales en nuestro país. Será imposible que la GN pueda suplantar a las policías locales en un país con más de dos mil 400 municipios.
La suplantación de civiles —ahora al amparo de una decisión a todas luces inconstitucional— ahondará el deterioro, elevará la violencia y hará crecer los delitos, exactamente lo que conviene a las inercias desatadas por una imparable delincuencia organizada. Ojalá estemos equivocados, pero todo apunta al fracaso.
