La propuesta presidencial para que el Congreso de la Unión apruebe reformas a 28 leyes federales vulnera los derechos de propietarios y celebrantes de contratos con el gobierno federal. De ser aprobadas, harán realidad el sueño de todo gobierno absolutista: hacer expropiaciones, dañar el medio ambiente, violar derechos humanos, irrespetar contratos y lo que les venga en gana aduciendo “causa de interés público”, sin asumir obligación alguna.
La expropiación exenta de indemnización justa dejaría en indefensión a los ciudadanos y personas jurídicas afectadas: Ante esta nueva agresión al orden jurídico y al derecho humano a la propiedad privada, la Corte tendrá que discutir ya la inconstitucionalidad de ese paquete legislativo. Si la desmesura avanza, las controversias constitucionales y los amparos florecerán más que las jacarandas en la Ciudad de México.
Es inquietante que la gestión gubernamental sea atender la voluntad de un solo hombre, que ha propiciado el aumento de muertes violentas, de la pobreza, el deterioro de la salud y de la educación. Sin ejercicio eficiente de la administración pública, la labor de gobernar se ejerce desde el diario discurso matutino contra la libertad, la democracia; con una furibunda recitación de epítetos a toda crítica de esa visión unipersonal.
En materia de seguridad y de combate a la corrupción, dos temas nacionales de la mayor preocupación, las iniciativas de mejoría han fracasado. Basta ver la enorme cantidad de muertos que dejó la Semana Santa para darse una idea del panorama general de la inseguridad. Contra lo pregonado hasta 2018, en campaña, la corrupción ha crecido y sobrepasa ya el enorme esfuerzo por ocultarla: El caso Segalmex es sólo la punta del iceberg en el horizonte de casi cinco años del régimen.
La Corte parece llamada a convertirse en el último bastión de la defensa social, aún si los propios partidos políticos opositores –como parece- abandonan su misión y concentran sus esfuerzos en defender y obtener más canonjías, privilegios, ventajas económicas y políticas. Movimiento Ciudadano es la excepción que no sigue el juego al régimen y se opone a la propuesta de quitar las sanciones que determina el Tribunal Electoral, convirtiendo las leyes de esa materia en una carta de buenos deseos más que en ordenamiento que obliga a su cumplimiento forzoso.
Los rezagos y desviaciones se podrán combatir verdaderamente con un cambio en el sistema político que trascienda al presidencialismo a ultranza y diseñe un gobierno de coalición como lo establece el Art. 89, fracción XVII de la Constitución, en el cual, las estructuras administrativas tengan un peso específico y exista la posibilidad de incorporar límites parlamentarios que frenen un gobierno de ocurrencias y caprichos unipersonales.
De cara a las elecciones, los ciudadanos tendríamos que exigirles a los partidos la elaboración y publicación de programas de gobierno con fechas y compromisos de cumplimiento; así como la realización de elecciones primarias que eviten el enquistamiento de camarillas que edifican pesadas dictaduras partidocráticas; en lugar de gobiernos democráticos.
El presidencialismo a ultranza debe llegar a su fin. El poder para gobernar y modificar al país no puede descansar sobre los hombros de una sola persona, sobre todo, cuando ésta le estorba a quien no tiene idea de la administración pública. Actualmente pareciera que el gobierno está constituido solamente por las Secretarías de Defensa, Marina, Relaciones Exteriores, Hacienda y Gobernación, las demás navegan sobre las aguas de la falta de trabajo y resultados.
Los partidos están apenas a tiempo de rechazar la manzana envenenada de la impunidad que les ofrece Morena. Urge que retomen su verdadera naturaleza y encabecen las propuestas ciudadanas y asuman un proceso de búsqueda de candidatos validados, aceptados y apoyados por la ciudadanía. Es eso o el continuismo de liderazgos que no se atreven a abrir la boca por temor a que les abran más carpetas de investigación.