Si quienes aspiran a ganar la presidencia pretenden gobernar para todos, hay temas que los ponen a prueba antes del 2 de junio: tienen poco tiempo para revelar no sólo qué ofrecen, sino cómo lo harán y a qué se comprometen para encontrar soluciones al margen de ideologías.
¿Qué proponen, por ejemplo, para solventar la deuda pública interna y externa que adquirió este gobierno, y que supera 5 billones de pesos (5 millones de millones), equivalentes a más de 56% del gasto público programado este 2024? (y que sumado a la deuda previamente adquirida representa 48% del PIB).
Entre otros títulos, este gobierno habrá ganado a pulso el campeonato de obras deficitarias. El AIFA, Dos Bocas, Tren Maya, el tren Transístmico y la aerolínea del gobierno están colocados a la vanguardia entre las empresas que gravitan sobre el gasto público y elevan el déficit de un país urgido de mejorar la seguridad, la educación, la salud y muchos otros servicios prioritarios.
También subyace la inquietud por saber si la presidencia entrante decidirá —con la Constitución en la mano— desmilitarizar la administración pública en tareas en las que han sido directamente involucradas las fuerzas armadas y que son ajenas a la seguridad nacional. ¿Cuál ha sido el beneficio de militarizar cada vez más funciones administrativas?
El efecto de la intervención abierta del ejército para mejorar la seguridad es poco o nulo. Pero ahora el reto es doble: superar la crisis de violencia y resolver la situación institucional de los militares que hoy realizan y administran aduanas y obras públicas, reparten medicinas, operan trenes, una aerolínea o trasladan al público cuando el transporte se paraliza en protesta por la extorsión de los criminales.
Otra fuente de cuestionamientos y de números rojos es la forma desordenada y electorera en que se otorgan las pensiones sociales que sumarán este año más de 598 mil millones de pesos (en 2023). Lo cual no equivale a superar la pobreza, sino a mantenerlos avasallados en ella hasta que el propio subsidio se vuelve insostenible.
¿Se renegociará la situación de quiebra técnica de Pemex, la petrolera más endeudada del mundo? ¿Cómo manejará el acumulado (hasta octubre 2023) de 96 mil millones de pesos en facturas por pagar? ¿Cómo aumentar el gasto público sin elevar impuestos ni aumentar la recaudación?
Los montos de la deuda pública emitida desde 2019 y el opaco destino de esos fondos echan por tierra cualquier promesa o noción de austeridad republicana en este sexenio. También brilla por su ausencia la honestidad y la honradez ofrecidas. El declarado esfuerzo contra la corrupción suena a burla ante escándalos que afloran sin recibir más respuesta que el silencio oficial.
¿Qué hará cualquier nuevo gobierno para sostener más de 80% de las obras que el saliente ha adjudicado de manera directa, sin concurso, mediante contratos sin transparencia, asignados a empresas propiedad de familiares y amigos del primer círculo del Presidente, o que han sido derivados hacia las fuerzas armadas y declarados como de seguridad nacional para burlar las leyes que obligan a informar su financiamiento y manejo?
¿Qué proponen los aspirantes ante la inseguridad pública, cuyo saldo sexenal asciende a más de 180 mil asesinatos y probablemente supere las 200 mil muertes violentas al concluir el sexenio? ¿Y ante 110 mil 106 personas oficialmente reportadas desaparecidas?
La delincuencia organizada se ha convertido en un poder paralelo y ejerce una autoridad simultánea a la del Estado en cada vez más zonas del país. ¿Hay alguna propuesta o la respuesta será la indiferencia?
Sin una reflexión profunda y una idea clara para atender estas y otras realidades —como la de la corrupción, que comentaremos en la siguiente entrega— el país seguirá sucumbiendo como nación y lo único que el gobierno podría estar renovando sería la inercia de la simulación. A los ciudadanos alertas toca impedirlo desde ahora, con firmeza y exigencia a toda prueba a quienes pretenden ganar en las cercanas elecciones.
