No cuesta mucho imaginar el ánimo social de un país en el que el presidente invoca la consigna antidemocrática: “quien no está conmigo está contra mí” o “conspiran para revocarme el mandato”.
Presente la violencia en las calles, manos irresponsables mecen la cuna hacia escenarios parecidos a los de 1968. Se atiza el fuego en medio de una pobreza y polarización social crecientes. En descargo del gobierno, de algo serviría reconocer las pensiones adicionales a 22 millones de hogares en pobreza, de no ser porque en plena pandemia, crecen las quejas de la corrupción y “moches” en el reparto de tales “ayudas condicionadas”.
4 manifestaciones en la CDMX —3 de ellas cobijando a vándalos— ocasionaron destrozos al equipamiento urbano y daños a propiedades privadas, con saqueo de tiendas y negocios y un saldo de periodistas y fotógrafos agredidos, casos destinados a no ser esclarecidos, con responsables identificados, pero seguramente impunes.
El incendio de patrullas, daños a automóviles y la destrucción ocurrió el jueves en Guadalajara y el viernes en la Ciudad de México. En la capital tapatía, una funcionaria de la Secretaría de Gobernación, Candelaria Ochoa, es vista en la manifestación a la que asisten varios sujetos violentos movilizados desde distintas partes de la República.
Una razón justa de protesta por la muerte de un trabajador a manos de la policía municipal de Ixtlahuacán, Jalisco, se expresa 30 días después de los hechos y es políticamente dirigida contra un gobernador opositor a la 4T que no tuvo intervención directa en los hechos que causaron la muerte de la víctima.
El viernes en la CDMX la acción destructora de algunos manifestantes exhibe un componente racista y clasista, que aparece en las pintas: “¿cómo se ve la pobreza desde tu balcón?” o “blancos que explotan” etc. eran mensajes no vistos en marchas, pero muy a tono con las ideas permeadas por ideólogos del grupo en el poder.
En 18 meses de gobierno hemos aprendido cuál es y cómo funciona una presidencia excluyente que machaca diariamente la corrupción del pasado, fustiga e insinúa culpables pero no aporta en el presente prueba alguna, no sólo disfraza la verdad, sino recurre sin recato a la mentira y a su incansable repetición.
Parte de los núcleos más violentos que ganan la calle y a los que se permite descarrilar incluso las marchas y protestas originales, parecen estarse ejercitando para el 2021 en acciones para quemar, golpear, destrozar, atemorizar, afectar muebles públicos y propiedades privadas, decididos como lo mostraron en Guadalajara y en la Ciudad de México a sembrar el miedo social.
Pero el presidente no escucha ni atiende sugerencias. No reconoce la pluralidad. Los que difieren son conspiradores.
No está por demás recordar que la votación de 2018 fue para que encabezara el gobierno hasta 2024; no para cambiar de sistema de gobierno, ni para abandonar el sistema federal republicano y democrático.
Sus pasos previos han sido encaminados al control estatista, político y económico.
Cualquier otro gobierno de los últimos 30 años estaría enfrentando el más amplio rechazo público. Cualquier desmesura puede ser dicha a cualquier hora: el 19 de abril terminaría la pandemia, que no habría muertes como en Europa, que la violencia concluiría con un exhorto a “portarse bien”, que la honestidad protege a las personas contra el coronavirus, que habrá dos millones de empleos en 2020, que el país crecerá al 4 por ciento anual, etc.
Su esfuerzo controlador debilita como nunca el federalismo, una sed inagotable de recursos refuerza su capacidad de concentración fiscal y de manejo presupuestal federal, hasta la ciencia, la investigación, el arte y la cultura cobijados por fideicomisos públicos parecen ir camino a la extinción.
Ante esta realidad, 8 gobernadores han pedido al presidente la revisión del pacto fiscal de distribución de ingresos, que data del lopezportillismo. Es evidente la necesidad de un replanteamiento del instrumento. No es casualidad que el gobernador de Jalisco, a quien hoy se ataca, es quien encabeza a los mandatarios estatales inconformes con la federación.
Se respira en el ambiente una mayor confrontación política, sin respeto a las reglas, incluidas las electorales, a las que sería difícil recurrir en medio de oleadas de insolencia narco-política, en medio del desempleo, pobreza e inseguridad crecientes, y con un presidente que no se caracteriza por ser respetuoso de las instituciones, conciliador, ni convencido de la democracia.
Los cárteles han pasado de la obscuridad antisocial, al protagonismo de la violencia y a propagar la corrosión de autoridades municipales, estatales y federales. Durante esta crisis sanitaria se han preocupado por repartir despensas y ayudas hasta en la Ciudad de México, ante la indiferencia oficial.
El año próximo debería ser de especial escrúpulo en los procesos electorales que se avecinan, pero desde ahora algunos escenarios parecen apocalípticos dibujados para un gobierno unipersonal que todo lo avasalla y partidos de oposición hasta ahora menguados y sin liderazgos convincentes. Ante este escenario la sociedad deberá asumir el liderazgo. Será una renovación social.
