El martes pasado el presidente López Obrador realizó una crítica seria sobre la efectividad de los organismos reguladores encargados de la competencia. Aunque no es la primera vez que lo hace, las críticas al trabajo de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) se concentra en la inutilidad de su existir.
Más allá de las doctrinarias defensas de la autonomía de dichos reguladores basada (claro que sí) también en actos de fe, la cruda realidad le da la razón al Presidente y a este rollero, pues desde hace años hemos dicho que, al menos en el IFT, son autónomos, pero del Ejecutivo.
Prefiero que me califiquen como matraquero del Presidente a ser considerado como un ingenuo desinformado, pues desde 2013-2014 estaba claro que la Reforma a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión tenía un matiz anti AMLO, pues temían que el entonces candidato tuviera injerencia y control sobre las jugosas concesiones del sector, tanto de tirios como de troyanos. Por eso la procesaron como una reforma constitucional.
Pero no se asusten, ya dijo el Presidente que no lo tocará porque ya no le dio tiempo de reformarlo. Tal vez lo oprima hasta secarlo y seguramente subsistirá, pero eso no quita que el IFT sigue siendo una institución inútil, pues no ha cumplido con su propósito.
Y si el IFT hubiese cumplido su tarea, la firma de investigación The CIU no tendría elementos para decir, por lo menos, que a ocho años de la declaración de preponderancia, la concentración del mercado de telecomunicaciones ha crecido. El IFT tiene entre sus principales encomiendas la promoción de la inversión en el sector, pero según The CIU, las medidas regulatorias de preponderancia no han sido capaces de promover la inversión por parte del Preponderante del sector.
Previo a la declaratoria, el Preponderante (América Móvil) invertía 55.4% de todo lo que ponía el sector. Con las primeras medidas de Preponderancia (2014) el promedio del porcentaje de inversión bajó a 45.1%, y tras las nuevas medidas establecidas por la primera revisión bienal (2018) el porcentaje de inversión del AEP-T bajó a 24.5%.
En sentido contrario, las ganancias antes de impuestos (EBITDA) del Preponderante siguen boyantes. Antes de 2014 su EBITDA rondaba 30 mil millones de pesos (mdp), para 2017 bajó hasta casi 20 mil mdp, pero para 2021 ya ronda 37 mil mdp. El EBITDA de su segundo competidor se ha mantenido desde 2014 entre 4 mil 500 y 5 mil 500 mdp.
Los datos de The CIU son muchos y, desde distintos ángulos, me confirman que el IFT no sirve para lo que se creó y, aunque el regulador subsista, es un pendiente que se resolverá tarde o temprano, y ojalá sea por la buena.
No era hackeo, era secuestro
Ya pasaron más de 18 meses desde que Braintivity inició las acciones legales para litigar en contra de la empresa Tecnocen y su dueño Juan Sergio Loredo Foyo, a partir del secuestro y supuesto hackeo del portal VisitMexico.
Me informan que finalmente ya hay una resolución dictada por magistrados integrantes de una sala civil de la Ciudad de México, quienes resolvieron que la demanda mercantil interpuesta por Loredo Foyo carecía de total sustento. Me dicen que en la resolución se afirma que el dueño de Tecnocen no pudo aportar una sola prueba que sustentara sus pretensiones y acciones según las cuales demandaba una supuesta falta de pago por parte de Braintivity, dueña del portal VisitMexico.
Por otra parte, Braintivity interpuso en el Estado de Quintana Roo una demanda por la vía moral, en contra de Loredo Foyo y otros. Sin embargo, el proceso está en espera de que la fiscalía del estado emita la formulación de acusación respectiva.
No sé si sea coincidencia, pero ya son varios casos que evidencian cierta pachorra por parte de las autoridades encargadas de la procuración de justicia en Quintana Roo y, en el caso de Braintivity, se tienen documentadas varias irregularidades que le han dado tregua al dueño de Tecnocen. Luego entonces, ¿por qué las autoridades de Quintana Roo no actúan conforme a derecho? ¿Es normal la lentitud de la fiscalía del estado? Son preguntas.
Nómina paga
Me presentaron a una empresa mexicana que busca convertirse en el Paypal de su industria. Se trata de Nomipay, que dirige Rafael Puente, y que surge como una plataforma tecnológica para casi un millón de trabajadores en México que adquieren productos o servicios con bancos, financieras o aseguradoras con pago vía nómina, pero haciéndolo de manera segura y transparente.
Opera las 24 horas de los siete días de la semana mediante Interfaz Web, Web Services y App para trabajadores, pensionados y jubilados. La plataforma Nomipay cuenta con el certificado ISO 27001 y opera con un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información. Surge en 2015 y hoy cuenta con 20 convenios con más de 900 mil trabajadores, pensionados y jubilados activos.
De los productos o servicios con pago vía nómina que actualmente administra la compañía, 58% de los descuentos va para préstamos de dinero y 41% es para el pago de seguros de diferentes tipos. Suena bien, sobre todo porque minimiza la carga administrativa a las organizaciones y disminuye riesgos de fraudes a trabajadores y prestadores de servicios. Chécala.
Twitter: @hugonzalez0
