La semana pasada tuve la oportunidad de estar presente en una reunión con especialistas foráneos en tecnologías de la información. Su intención fue platicar sobre un evento que tienen programado próximamente y que es una réplica del exitoso formato que ya tiene varios años operando en su país.
No te digo la nacionalidad de estos visionarios porque no quiero contaminar su evento, pero sí confieso que algo me sorprendió mucho. Al principio de la plática me preguntaron: finalmente ¿qué pasó con el Conacyt? En su momento no entendí la intención de la pregunta y me limité a explicar parte del proceso legislativo que en esos días estaba candente.
Con el paso de la plática y atando cabos, me di cuenta más tarde de que esos promotores TIC tenían la idea de que se iba a desaparecer el Conacyt. La versión de que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología iba a desaparecer estaba en varios medios de comunicación. Lamentable por dos razones, una porque no pude aclarar esa falacia y otra por la desinformación que ha cundido. Todavía hace un par de días, se insistió en esa idea.
Si somos estrictos en la semántica podemos decir que sí, desaparece el Conacyt para dar paso al nuevo Conahcyt. Sin embargo, al nuevo Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, no se le quitan responsabilidades ni facultades en la materia, al contrario, se le añaden y, sobre todo, se pone orden, se aclara y se reglamenta.
A riesgo de ser descalificado por quienes censuran todas las posturas ideológicas menos las propias, puedo decir que existe un profundo desconocimiento de la recién aprobada Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI). Más allá de geometrías políticas es sano aclarar que el enfoque principal de esta nueva ley es el derecho humano a la ciencia. Eso no existía. Anteriormente la ciencia fue vista y usada como una mercancía, una prebenda o un privilegio. La ciencia (y su hijita la tecnología) ya es vista como un bien común.
No se trata de una ley autoritaria, comunista, centralista. Se busca que todos los mexicanos seamos beneficiarios del desarrollo tecnológico y científico del país. Si no se entiende ese tinte humanista, no se entiende el beneficio de la ley o se está defendiendo el elitismo que aún tiene la ciencia en México.
Claro, hay quienes desde su trinchera defienden su parcelita y tachan a la ley de ilegítima, autoritaria y discriminatoria. Son grupos de supuestos representantes de la comunidad científica que incluso se grillan unos a otros de manera interna. Están enredados en pro de un activismo científico-político de muy dudosa pluralidad. Esa es su verdadera naturaleza: la grilla científica. Allá ellos.
Cuando dicen que se excluyó a la comunidad científica para el análisis, desestiman la participación de 70 mil personas relacionadas con el gremio. Mienten cuando dicen que se ningunean las competencias de estados y municipios en la definición de los proyectos de investigación científica y desarrollo tecnológico. Eso se define, y sobre todo se aclara, en el Capítulo IV de la ley que habla sobre la Agenda Nacional y planeación estratégica y participativa. Parece que quienes se oponen solo defienden el lucrativo negocio de “bajar fondos” de la federación para proyectos de muy dudoso beneficio social.
Además, faltan a la verdad cuando se dice que desaparecen los 26 Centros Públicos de Investigación (CPI). Lo único que se hizo fue poner las reglas que nunca se establecieron desde hace más de 10 años. Tal vez lo que les duele es que pierden el control de estos CPI (que tienen autonomía de gestión e investigación) pues antes operaban como pequeños feudos.
Ahora bien, puede ser válido el argumento de que se legisló violando los acuerdos pactados en las comisiones de la Cámara de Diputados. No tengo certeza de ello porque hay dos versiones. Si solo se realizaron dos de los siete foros del Parlamento Abierto prometidos ¿fue porque se incumplió el acuerdo de votar la iniciativa antes del 12 de abril? ¿No estaba ya suficientemente discutido el tema? ¿Por qué no quisieron participar muchos científicos e investigadores? ¿No será que querían ganar tiempo, patear el bote hacia adelante, apostar por el desgaste? Ambas partes se acusan mutuamente de inventar o incumplir esos acuerdos. ¿A quién le crees?
Por último, se acusa que la nueva ley es un exceso y revela una deficiente técnica legislativa. Dicen que se incluyeron temas en esta ley general cuando debe haberse diseñado una ley reglamentaria en la materia. ¿Otra vez ganar tiempo? ¿Jugar al policía bueno y al policía malo? ¿A poco no hay otras legislaciones generales que parecen leyes reglamentarias? ¿Acaso no hay asuntos reglamentarios de ciertas disciplinas que incluso están dentro de la Constitución?
Si te das cuenta, solo son algunos señalamientos que intentan provocarte para que vayas a leer la recién aprobada Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Solo son aclaraciones para aportar al análisis, no llegué a las porras.
