América Latina es una región de oportunidades, donde las mujeres ven limitada su capacidad de desarrollo por la inseguridad e incluso por usos y costumbres. En las zonas urbanas, su integridad física es violentada con facilidad. Pero las más vulnerables son las indígenas, las niñas de comunidades agrícolas y las mujeres migrantes.
El feminicidio es de las amenazas más lacerantes. Según la CEPAL, sólo en 2018 cerca 3,800 mujeres fueron víctimas de feminicidio en América Latina y el Caribe. En 2019, la violencia de género creció en países como México. Llamó la atención que en la Ciudad de México los feminicidios aumentaran en un 58%, en base a datos del propio gobierno.
Los países de la región han implementado leyes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Pero las evidencias recientes muestran que más que un problema de reglas y castigos, los retos son la implementación y los recursos. Los gobiernos latinoamericanos todavía no ponen como prioridad a mujeres y niñas en sus presupuestos. Las consideran como agentes pasivos. Prueba de ello es que la mitad de las mujeres de América Latina no tiene un vínculo con el mercado laboral.
Un error cultural es seguir considerando a mujeres y niñas como receptoras de ayuda social. El gasto en su educación, capacitación laboral y empoderamiento financiero debe considerarse como una inversión y no como asistencia o donaciones. Un estudio de la CEPAL demostró que gastar en el empoderamiento de las mujeres trabajadoras beneficia directamente a la economía. El incremento de mano de obra femenina en casos como el de El Salvador podría reducir la pobreza hasta 12%.
Las mujeres trabajadoras son la base las muchas familias latinoamericanas pero también un motor de la economía. La paradoja es que mucho de su trabajo no es reconocido, son marginadas dentro de la familia, en la posesión de bienes inmuebles y tienen poco acceso a crédito. Era tradición que los varones fueran a la escuela antes que las niñas, que hicieran una carrera e incluso que comieran primero. En generaciones pasadas era frecuente que los hombres heredaran mayores bienes. Estos usos y costumbres perduran en los sectores indígenas y agrícolas.
Ahora, todos los gobiernos de la región han despejado las barreras legales de las mujeres al acceso a la propiedad y al control de tierras, bienes y servicios financieros. Resaltan Argentina, Colombia, Cuba, Paraguay y Perú, pues lo incluyeron en sus constituciones. No obstante, las mujeres gozan de derechos menos seguros a la tierra y la propiedad que los hombres. Sólo un tercio de las mujeres latinoamericanas son dueñas de las tierras agrícolas, 30% en el caso de Chile y Panamá, pero 8% en países como Guatemala.
Argentina destaca por ser el país que más ha avanzado en empoderar a las mujeres en años recientes. La OCDE ilustra que los argentinos cuentan con niveles muy bajos de discriminación en integridad física restringida, libertades civiles y preferencia por los varones; y baja discriminación en código de familia discriminatorio y de acceso restringido a recursos y bienes (índice SIGI). Argentina ha combatido la violencia de género, con reformas en educación; apoyo psicológico, económico y físico. Empero, las mujeres argentinas participan sólo en el 18% de todas las explotaciones agrícolas del país.
El siguiente grupo de mujeres a considerar son las migrantes. Ellas enriquecen los lugares de destino. Su salida significa también una fuga de talentos y pérdida de oportunidades para la nación que dejan. Vemos a médicas y economistas centroamericanas subempleadas en Estados Unidos. Así, un par de millones de mujeres venezolanas ha dejado atrás a sus familias y el desarrollo de Venezuela que estaba en sus manos. Ellas, como recursos valiosos, podrían estar transformando a sus comunidades de origen.
Especialista en geopolítica y miembro de COMEXI
