La deportación masiva de indocumentados que promete el nuevo gobierno de EU tendría consecuencias dramáticas en los envíos de dinero y las finanzas mexicanas. Los mexicanos que mandan remesas son los que van llegando y no tienen papeles. Los que no hacen giros a México son los que se salvarían de ser deportados.
Las “remesas son el salvavidas” de economías como la mexicana, según el Banco Mundial. Ahora ese flotador se encuentra en riesgo con la nueva administración estadounidense. El vicepresidente electo JD Vance sugirió comenzar con la expulsión de un millón de “ilegales”, lo que considera viable. En el supuesto que la mitad de esos migrantes fueran mexicanos, eso representaría 500 mil familias mexicanas que dejarían de recibir dinero, sumando al trauma humanitario.
El especialista Dilip Ratha aclara que los migrantes solidarios con su país son los de primera generación y quienes giran dólares pese a su condición (Banco Mundial). Eso aplica a los paisanos mexicanos. Los recién emigrados hacen transferencias a sus familias los primeros tres años. Después de un tiempo en Estados Unidos envían menos, cruzan a su esposa e hijos o construyen un nuevo hogar.
Los que nacieron en la Unión Americana difícilmente mandan dinero, son la segunda generación. La tercera generación, los nietos de mexicanos, no participan en la transferencia de remesas, en general ya tienen la ciudadanía estadounidense y a ellos no los deportarían. Es decir, a quienes echarían primero en una redada son quienes más impactan en la economía de México.
Otro problema es que la sociedad estadounidense está cansada de que los mexicanos se victimicen. El clima electoral de 2024 mostró a los inmigrantes indocumentados como culpables de crimen y desempleo y a México, como un socio irresponsable que no resuelve sus problemas y espera que EU se los solucione. De acuerdo con Edison Research, en estas elecciones presidenciales, 39% de los votantes de Donald Trump afirmaron que los indocumentados deberían ser deportados de inmediato y 56% que debería permitírseles solicitar el estatus legal (lo que no asegura conseguirlo).
Hay muchos argumentos que México puede presentar sobre los efectos positivos de los trabajadores indocumentados. Son buenos empleados, sólo envían 15% del dinero que ganan, el resto se queda en EU, disminuyen la pobreza en sus lugares de origen, en las zonas rurales y son más efectivos que la ayuda internacional (Naciones Unidas). La complicación es que los votantes de EU ya no aceptan esas explicaciones, consideran que ese es un problema de los mexicanos, no suyo y que el vecino del sur debe hacerse cargo de sus asuntos, como país adulto.
La crisis que se avecina va a exigir que el gobierno mexicano designe una partida presupuestal para asistencia legal ante deportaciones y un amplio cabildeo en la sociedad estadounidense y sus medios de comunicación, para temperar el encono contra 4 millones de “ilegales”.
La imprudencia puede ser muy cara para México. Un corte del 20% en las remesas costaría la muerte de 800 niños menores de un año (anualmente). Duplicaría la deserción escolar de niños de entre 12 y 16 años, con el antecedente de 2009. En 2025, ignorar la deportación más que un error sería un crimen.
Especialista en geopolítica y miembro de Comexi
