De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) más de 160 millones de niños y niñas en el mundo realizan trabajos forzados o tareas inadecuadas para su edad, que ponen en peligro su integridad física o emocional y les apartan de la escuela.
La voz de alarma de este problema existe en México desde mediados de los años 40, cuando grupos militantes de los derechos humanos exigieron a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social revisar el problema de los menores que eran sometidos a labor por más de 10 horas sin ninguna clase de remuneración.
Por toda la capital, el tema caló en la opinión pública y diversas historias sobre niños y niñas que trabajaban en talleres, bodegas, comercios y para supuestas casas hogar que los explotaban lanzándolos a la calle a pedir limosna, comenzaron a publicarse en periódicos y revistas. Pero lo que más causó indignación fueron las fotografías que mostraban las duras jornadas que debían cumplir los infantes.
Algunos de ellos tenían las manos y pies repletos de ampollas, mientras que en otras imágenes, captadas por los legendarios fotorreporteros mexicanos Enrique Díaz y Héctor García, aparecían insólitas imágenes de pequeños obreritos descansando en la salpicadera de un coche de lujo o mirando jugar a otros niños mientras descargaban pesados bultos de un camión.
El 24 de febrero de 1949 se difundió que dos especialistas de la Oficina de Trabajo de los Estados Unidos realizaban un estudio sobre la situación de los menores de edad en las áreas urbanas de México. Casi al mismo tiempo, el subsecretario de Trabajo y Previsión Social entró al quite y anunció que el proyecto relativo a la reglamentación del trabajo de menores se pondría a consideración del Congreso de la Unión.
Los ganones de la nota en esa ocasión fueron los reporteros del semanario Presente, quienes publicaron íntegra la siguiente declaración del funcionario: “El reglamento de trabajo para menores que actualmente se elabora en esta oficina se cimenta en una vigilancia constante para que los niños asistan regularmente a la escuela, como una base para la conservación misma del trabajo y el cumplimiento estricto y rígido de las disposiciones legales tendientes a la formación, ampliación y consolidación de escuelas apropiadas y en horas adecuadas para la asistencia de los menores trabajadores”.
Tal cantinfleada, digna de cualquier merolico, levantó los ánimos de los medios y en los días sucesivos podían leerse encabezados como: “Podrán ser explotados, pero sin faltar a clases”. Por unas semanas más el tema siguió en el candelero, hasta que el inicio de varias huelgas regresó a las iniciativas al cajón de los pendientes.
Actualmente, aunque se ha avanzado en leyes y normas para la protección de la niñez, aun es urgente tomar medidas para que sus derechos sustantivos se respeten y cumplan. En el marco político actual, sería muy perjudicial el desaparecer o quitarle facultades a la Secretaria Ejecutiva del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA). Este organismo, fundamental para la protección de la niñez, debe mantener sus capacidades como coordinador de estrategias y políticas públicas a favor de las infancias, lo contrario implicaría un retroceso de décadas en la defensa y promoción de los derechos de la niñez y adolescencia en México.
