Nomás era cosa de pasar junto a un changarro instalado en la vía pública o entre los conjuntos de viviendas de lámina de alguna zona de paracaidistas, para hallar múltiples cables sospechosos que siempre terminaban conectados con el famoso "diablito" al transformador más cercano.
A finales de la década de los sesenta, después de que en el sexenio de Adolfo López Mateos se dieran los toques finales para la modernización de las plantas generadoras de luz, tanto para la ciudad y el resto del país, comenzaría una de las tareas más peliagudas para los primeros funcionarios, técnicos e inspectores a cargo del servicio: el eficaz ordenamiento de las listas de millones de usuarios, así como el combate a aquellos que desde hacía mucho tiempo se "pirateaban" la luz directamente del poste.
No obstante, los burócratas de la oficina de Luz y Fuerza no contaban con que el asunto era una camisa de once varas en la que incluso estaban involucradas asociaciones de colonos, apoyadas por líderes charros e incipientes partidos políticos que buscaban ganarse el voto delos humildes.
Resultó que, en las orillas de la ciudad, muchas de las zonas marcadas como irregulares, no contaban con ningún tipo de servicios ni mucho menos alumbrado público; por ello, sus habitantes habían optado por conectarse con larguísimas extensiones de cable al transformador de alguna colonia vecina.
Cuando a finales de 1966 los trabajadores de la Compañía de Luz y Fuerza del Distrito Federal recibieron órdenes directas de cortar cualquier puente, "diablito" o extensión por donde la riqueza energética de la nación fuese robada por los encajosos, nadie se esperaba que daría inicio aquella eterna guerra entre los "colgados" y los electricistas que, para muchos, sólo se compara en duración con el conflicto entre israelíes y palestinos.
En menos de unos meses las consecuencias de tan arrebatada decisión comenzaron a reflejarse en los encabezados de algunas gacetillas y periódicos.
Desde changarros cuyas despensas se echaban a perder por la falta de refrigeración, hasta rebeliones de vecinos que ahuyentaban con piedras a los inspectores de luz que intentaban cortar sus conexiones clandestinas, fueron incidentes que se volvieron comunes.
Una asociación de colonos que habitaba cerca de los terrenos donde hoy se ubica la delegación Magdalena Contreras se unió para realizar una marcha y plantarse frente al Departamento del Distrito Federal para exigir una concesión especial para su problema de luz. Aquellas personas afirmaban, con toda validez, que aquellos cables que habían instalado entre todos, representaban el único servicio con el que contaban sus barriadas, ya que las autoridades capitalinas habían ignorado durante años sus peticiones para instalar obras.
Se dio incluso el caso de una pequeña clínica católica cercana a uno de estos asentamientos, que fue desconectada justo cuando mantenía en incubadora a una recién nacida.
No obstante, los inspectores de luz no dieron su brazo a torcer a pesar de la "chillería" de los quejosos y, como si fuesen soldados en una guerra de vida o muerte, afirmaban que todas eran "órdenes de arriba".
Por supuesto, esta obediencia no se aplicaba a ellos mismos, porque, como lo reveló una investigación realizada más tarde por un periodista durante el gobierno de Díaz Ordaz , muchos trabajadores de Luz y Fuerza se valían de trucos, como las consabidas conexiones directas o las alteraciones al medidor para hacerlo más lento, y así pagar poco o nada por el servicio.
Hoy, las cosas, aun con los cambios en la CFE se mantienen casi igual. Se habla incluso, de una próxima "cacería" de aquellos que no pagan su servicio de electricidad y que de una vez por todas se acabaría con los colgados del Valle de México. Habría que ver cuantos comerciantes informales serían afectados por dicha medida y, por lo tanto, cuántas familias que viven de esos ingresos.
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