Hace poco más de 85 años, el juez del Distrito en Materia Penal, Jorge Salazar Hurtado, propuso un proyecto para confinar a todos los drogadictos a islas deshabitadas donde su presencia no contaminara a ciudadanos decentes, además de tomar medidas con aquellos declarados incurables, a quienes se les debía castrar sus órganos genitales.
Por ese entonces, la ciudad de México apenas se recuperaba de los muchos muertos que dejó la guerra del narco ocurrida entre 1927 y 1932 a causa del ascenso del corrupto jefe de la Policía Antinarcóticos, Raúl Camargo, razón por la que dicha propuesta del juez Salazar volvió a encender los ánimos en contra de los mariguanos, cocainómanos, fumadores de opio, arponeros de heroína, morfinómanos, codeinómanos y adictos a las antiguas pastillas Houdé y los polvos de Dover.
Lo más grave, según grupos de beneficencia que a diario realizaban acciones altruistas con adictos de las colonias populares, era que no existía un sistema para rehabilitar a aquellos que incurrían en el uso de estupefacientes y simplemente se les desechaba de la sociedad como animales raros.
Las protestas contra la salvaje propuesta del juez del Distrito no se hicieron esperar, y aunque hoy parezca difícil de creer que se discutiera su viabilidad sobre el escritorio de las instituciones penales, el documento se conserva como un ejemplo de la intolerancia que existía a este respecto. Según documentos del investigador Ricardo Pérez Montfort, sería hasta el año de 1939 cuando el doctor Leopoldo Salazar Viniegra, entonces director del Manicomio General, apelaría a cierta racionalidad en el tratamiento de toxicomanías y afirmaría que "los drogadictos eran enfermos, no criminales".
Esa simple frase surtió un efecto asombroso en todas las esferas. Por primera vez en la ciudad se afirmaba una extraña idea que pregonaba la tolerancia contra los antes repudiados y perseguidos.
Más adelante, el mismo doctor Salazar afirmó que la drogadicción era un problema social y que el peligro no consistía en los viciosos, sino en los traficantes, quienes, amparados por sus nexos corruptos con las autoridades, habían extendido un mercado que año con año cobraba miles de nuevas víctimas.
"Muchos drogadictos remitidos a la cárcel necesitan tratamiento. Además, debería investigarse a policías que los arrestan, quienes a menudo exigen cuantiosas mordidas a cambio de hacerse de la vista gorda, afirmaba el valiente médico".
Para ese mismo año, por primera vez se instituyó un reglamento federal sobre toxicomanías y se inauguró con bombo y platillos un hospital dedicado a dar tratamiento contra las diferentes adicciones; sin embargo, parte del programa fue muy criticado porque consistía en alejar a los enfermos de los malos ambientes proporcionándoles gratuitamente su dosis de estupefacientes para que no las compraran a los traficantes.
Muy poco duró aquella oleada de "buena voluntad" y el afán persecutorio continuó a diestra y siniestra. Por esos tiempos era común presenciar arrestos donde tanto el traficante como el cliente eran procesados al mismo nivel y purgaban condenas similares.
No obstante, como también los tambos se saturan, más por necesidad que por humanidad, los adictos pasaron a tener una menor prioridad para las autoridades locales, salvo aquellos con algún con algún billete para ser exprimido.
En adelante la atención se situó en los traficantes (previo permiso de los interesados de las altas esferas), sobre todo aquellos con algún renombre para mostrar a los periódicos que las autoridades si trabajaban.
Entrada la década de los 40, la palabra "decomiso", comenzó a formar parte del argot popular de la ciudad y los informes sobre el aseguramiento de narcóticos se volvieron muy populares, sobre todo en años electorales, décadas más tarde, las consabidas quemas a las que incluso asistía el presidente y miembros del Estado Mayor se hicieron costumbre para ganar votos con los vecinos del norte. Lástima que tanta faramalla no se aplicara al tratamiento de las adicciones, sobre todo en un país con la mitad de su población conformada por jóvenes. ¿Será que sólo los juniors tienen derecho a rehabilitarse en clínicas de miles de dólares a la orilla del mar?
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