En medio de la polémica fueron inaugurados los Juegos Olímpicos en Francia y para muchos mexicanos fue también un recordatorio de lo que representó para nuestro país ser sede de ese magno evento hace ya tantas décadas.
¿Acaso gran parte de los intereses que estuvieron implicados en el uso de la fuerza en Tlatelolco hace 40 años fueron solamente económicos? Una pregunta que desde hace años ronda a nuestro lector, Gilberto L, cuyo abuelo fue funcionario del círculo de confianza de Gustavo Díaz Ordaz y Luis Echeverría.
En aquellas sobremesas de familia, don Gilberto escuchó a su pariente narrar muchas anécdotas sobre los ex presidentes, y en especial sobre el clima que se vivió en las entonces faraónicas cúpulas del poder antes y después del 2 de octubre de 1968.
Aunque la primera propuesta sobre la tenencia vehicular fue lanzada en 1961, se cuenta que la celebración de los Juegos Olímpicos fue en realidad una estrategia política para asegurar a las arcas del erario una cuantiosa renta anual.
El abuelo de don Gilberto fue uno de los encargados de discutir las bondades a largo plazo de dicha iniciativa, que de manera ascendente otorgaría en una primera etapa 5 mil millones de pesos, para después llegar a casi 22 mil de ellos cada 12 meses, un jugoso pastel que pocos estaban dispuestos a perder y “mucho menos por un grupo de melenudos alebrestadores”, palabras que, de acuerdo a lo escuchado por nuestro lector, se pronunciaron en una junta de gobierno en la oficina presidencial.
El plan era establecer aquel impuesto, primero bajo motivos de solidaridad patriótica, con el pretexto de “celebrar con dignidad las Olimpiadas”, según palabras del propio Ordaz, para después dejarlo establecido de forma permanente, argumentando que se necesitaba también inversión en obras básicas, sobre todo a nivel estatal. Don Gilberto afirma que su abuelo fue testigo de las gráficas que fueron mostradas al propio Díaz Ordaz y a Luis Echeverría, con respecto a la pérdida económica que representaría el sabotaje de las Olimpiadas, y de la catástrofe financiera de no aplicar aquel impuesto, en principio planeado para los siguientes 20 años, es decir, hasta 1988.
Se calcula que en estos 56 años la derrama económica por el impuesto de la tenencia vehicular ha superado el billón de pesos, cifra que los analistas gubernamentales de aquellos tiempos ya habían concebido de acuerdo al incremento en la inflación y las variables del dólar sobre nuestra moneda.
“Necesitamos de un ejemplo, rápido, certero y sin miramientos”, fue, de acuerdo a lo narrado por nuestro lector, la sentencia de un explosivo Luis Echeverría en una de esas juntas donde se analizaba el impacto de las numerosas manifestaciones de estudiantes aliados con facciones obreras en ese año.
Lamentablemente, aquella frase adquirió fuerza con el paso de los días y las semanas y derivó en la masacre que hoy, a casi dos meses de cumplirse 56 años de su ejecución, continúa resonando como uno de los pasajes más vergonzosos de la historia nacional.
Sobre aquella tenencia vehicular, cuyos recursos, además de financiar las Olimpiadas, costearon indirectamente el operativo militar que realizó la matanza de jóvenes en la plaza de las Tres Culturas, continúa siendo aplicada de forma leonina para obtener recursos.
La pregunta sería ¿algún día se abolirá la tenencia, incluso como respeto a los sangrientos hechos de la época en que fue concebida?
