Hay pocas dudas de que López Obrador es un hombre honesto y probo. Lamentablemente, no se puede decir lo mismo de algunos de los colaboradores que lo han acompañado.
Si lo que nos preocupa es la corrupción estructural, el caso que debería estar en las portadas de los diarios y en el debate público es la podredumbre del poder judicial; esa que ha asomado la cabeza en las últimas semanas.
El verdadero problema de AMLO no se llama José Ramón: se llama Julio Scherer Ibarra. Es la historia de ese hombre que, refugiándose en la autoridad moral del presidente, creó una red de negocios judiciales, extorsión y tráfico de influencias, como se desprende de las diversas denuncias que han llegado a la FGR.
El tema es ya inocultable porque el propio Scherer —cegado por su ambición, creyéndose impune y sabiéndose todopoderoso—, actuó de forma burda, rompió los códigos del gremio y dejó demasiadas huellas en un sistema —ya desde antes corrompido—, que se caracterizaba por su discreción y el cuidado de las formas.
Son demasiadas las denuncias en la FGR que apuntan a Scherer y su red de abogados: Collado, Cruz Azul, Gómez Mont, y la de Paulo Díez por el caso Aleática. En todos ellos lo que se revela es un esquema de extorsión a través de una serie de despachos en los que el ex consejero presidencial fue o es socio de alguna forma, como es el del abogado Juan Araujo, quien deberá presentarse a declarar el 28 de este mes.
Pero hay varios que tendrían que ofrecer explicaciones, incluyendo el ministro Arturo Zaldívar.
La cercanía del presidente de la Corte con Scherer es conocida. Tanto que hace poco, en una reunión entre hombres de leyes, se le escuchó exclamar con nostalgia cuán distintas son las cosas hoy, que su amigo ya no está. “Adán Augusto es un abogado de pueblo” —habría dicho— Julio era otra cosa”.
Es evidente que la investigación que supuestamente se le sigue por malos manejos financieros al expresidente de la SCJN, Luis María Aguilar –difundida en un nado sincronizado de filtraciones— es una cortina de humo de Zaldívar para distraer la atención, pues sabe que está en una posición complicada.
Ciertamente, el presidente de la Corte tiene fama de ser un hombre honesto, aunque para satisfacer su ambición de presidir ese órgano tuvo que llegar a varios acuerdos con el ex consejero jurídico.
Uno de estos fue pagarle con dos puestos clave en ese consejo, donde se definen los ascensos en el poder judicial y se disciplina a los jueces: el jefe de administración, Alejandro Ríos Camarena, y el secretario general, Carlos Antonio Alpízar.
Tres años después, el resultado está a la vista: ambos funcionarios acaban de ser denunciados ante la FGR. Ríos, por haber otorgado contratos por asignación directa con sobrecostos de hasta un 30 por ciento; Alpízar por coaccionar a jueces y magistrados de forma indebida para conceder amparos de acuerdo a la voluntad del ex consejero.
El modus operandi de Alpízar, según distintas versiones, consistía en buscar a jueces que tenían quejas en su contra –fuesen o no fundadas— y presionarlos a grados extremos, ya con traslados a lugares de alta criminalidad, ya través de gritos y amenazas de todo tipo.
En medio de todo esto, Alpízar, que en el pasado fue magistrado con Eruviel Ávila, parece haberse vuelto inmensamente rico, al grado que se le conoce un gran rancho en Ocoyoacac, donde las propiedades no suelen ser baratas.
¿Será que Zaldívar no sabía nada de todo esto? Ojalá que no.
