Me pregunto si los técnicos de Hacienda que tuvieron a su cargo la elaboración del paquete económico tenían claro a qué se refería el Presidente cuando decretó el fin del neoliberalismo y el inicio de una nueva era post-neoliberal. ¿Se habrán preguntado de qué manera eso debía traducirse en el presupuesto?
El paquete económico presenta una combinación entre varios elementos de continuidad neoliberal y algunos atisbos de discontinuidad. Tanto el Presupuesto de Egresos como los Criterios Generales de Política Económica son “neoliberales” en la medida en que gran parte de su diseño está pensado para atender las preocupaciones de los mercados.
Esto se expresa, por ejemplo, en la disciplina macroeconómica, en la meta de superávit fiscal o incluso en la todavía baja inversión pública. En estos elementos, el presupuesto bien podría ser considerado “responsable” desde una óptica neoliberal.
Quizás el principal rubro en el que el presupuesto se aparta del neoliberalismo está en el énfasis que recibe el área social. Este no es un presupuesto “neoliberal” en la medida en que procura atender a los olvidados. Porque por segundo año consecutivo se orientan más recursos a programas sociales de los que haya destinado cualquier otra administración. Porque el Banco de Bienestar transferirá unos 300 mil millones de pesos a las familias más pobres.
Suspendidas las rondas, en el presupuesto destinado a la energía puede advertirse una discontinuidad neoliberal. El gasto público destinado al Ramo 23 (energía) aumenta 19.8% (principalmente por el incremento en los subsidios a las tarifas eléctricas), mientras que la Sener recibirá un presupuesto casi 70% más alto, en gran medida para la construcción de Dos Bocas (un proyecto que, a pesar de polémico, difícilmente podría considerarse “neoliberal”).
Ciertamente, el gobierno actual se ha alejado de la aplicación de recetas y modelos aplicados a rajatabla. En esa lógica, asume que el mercado tiene fallas y que el Estado debe jugar un papel más activo para subsanarlas. De ahí que se orienten recursos hacia una política de seguridad y soberanía alimentaria.
Otro elemento de discontinuidad neoliberal tiene que ver con el hecho de haber descongelado los aumentos en el salario mínimo, al igual que el objetivo de atender al sur del país a través de proyectos de inversión que permitan cerrar las brechas regionales que el neoliberalismo contribuyó a ampliar.
Con todo y estos elementos, el presupuesto apenas tiene un carácter moderadamente redistributivo. Y digo moderadamente porque el Presidente decidió —al menos hasta la mitad de su mandato— renunciar a una reforma fiscal que podría permitir una reducción más significativa de las desigualdades y, en última instancia, asumir una política fiscal capaz de romper con el neoliberalismo.
Lo que sí hay en el paquete económico es un esfuerzo valioso —aunque probablemente insuficiente— de incrementar la recaudación. Según fuentes consultadas en Hacienda, el Presidente trabaja con la idea de que será posible aumentarla este año en 100 mil millones de pesos.
De esta cifra, unos 20 mil saldrían del cobro de impuestos a quienes hasta ahora no han pagado, como pueden ser negocios que funcionan a través de plataformas de internet, y de incrementar derechos por la venta de bebidas azucaradas, energizantes y tabaco que ya han suscitado el rechazo del sector empresarial.
El esfuerzo mayor por incrementar la recaudación, sin embargo, se lograría a través de medidas para combatir la elusión y evasión fiscales, para lo cual el presidente ha emplazado al SAT a ser más efectivo en sus tareas.
A esto se vinculan los esfuerzos para acabar con las condonaciones fiscales a grandes corporativos y castigar severamente la expedición de facturas falsas, un jugoso negocio que involucra a grandes empresarios, políticos y grupos del crimen organizado. Estas últimas medidas son necesarias y deseables, aunque hasta el gobierno más neoliberal podría implementarlas.
hgomez@institutomora.edu.mx
@HernanGomezB
