En el más reciente número de la revista Expansión, Alfonso Romo declara: “Yo no soy un lobista, no estoy aquí para resolver problemas particulares”.
A pesar de esa afirmación, existe evidencia de que en más de una ocasión el jefe de la Oficina de la Presidencia ha hecho precisamente eso que dice que no hace. Ocurrió a principios de este año, cuando cabildeó exitosamente con el presidente a favor de los acereros, a fin de revertir una medida orientada a disminuir los aranceles que encarecen un bien de crucial importancia para la industria nacional.
Ha vuelto a ocurrir en los últimos meses, al volcarse a favor de la industria de alimentos chatarra para intentar frenar el etiquetado frontal de advertencia. Siguiendo la experiencia de Chile, este etiquetado, que se discute simultáneamente en la Cámara de Diputados y la Secretaría de Economía, busca que los productos alimenticios incluyan una etiqueta que permita a los consumidores saber cuáles pueden ser altos en grasas, sodio o azúcares, a fin de poder tomar decisiones mejor informadas.
Algunas de las industrias alimentarias más grandes del país —desde Coca Cola hasta Bimbo— se oponen a esta medida por considerar que les traerá enormes pérdidas. Naturalmente, están en su derecho de cabildear a favor de sus intereses.
Sin embargo, a quienes en su calidad de funcionarios públicos toca defender los intereses del Estado mexicano, la lógica debe ser otra. México ocupa el primer lugar de obesidad infantil a nivel mundial, el segundo entre adultos y es uno de los primeros en diabetes. Se trata de graves problemas de salud pública que representan un elevado gasto para el país.
En Diputados, la Comisión de Salud acaba de dictaminar siete iniciativas presentadas por diputados de varios partidos y el tema finalmente se discutirá en el pleno en el próximo periodo de sesiones. De la mano de Alfonso Romo y sus allegados, sin embargo, la industria hizo todo por obstaculizar la iniciativa a través de una serie de tácticas dilatorias.
Más preocupante aún es lo que ocurrió en el ámbito del Poder Ejecutivo, donde se discutió la Norma 051 que regula el tema a detalle. El 18 de julio, la Secretaría de Economía convocó a una reunión para que un grupo de trabajo discuta el asunto con representantes de varias industrias, organizaciones sociales y dependencias de gobierno.
Una de las tantas entidades convocadas fue la Oficina de la Presidencia. A la reunión no acudió su titular, Alfonso Romo, pero aparentemente pensó que era una buena idea que la dependencia que encabeza fuese representada por dos personas ligadas a la industria agroalimentaria, quienes no encontraron mejor forma de justificar su presencia que como supuestos “asesores externos de la Presidencia”.
Uno de ellos, José Manuel Madero, fue recientemente CEO de Bepensa, una embotelladora de Coca-Cola, además de miembro del flamante Consejo Nacional para el Fomento a la Inversión, creado por el propio Romo. El otro, Marco Antonio Michel, socio de la consultoría Grupo Estrategia Política, una de las principales consultoras cabilderas de Coca Cola. Ambos parecen tener un conflicto de interés en el tema del etiquetado.
En el conmutador de Presidencia no conocen a ninguno de los dos ni sus nombres aparecen en Declaranet, el Registro de Servidores Públicos. Aparentemente no cobran sueldo alguno en la estructura de gobierno. De más está decir que los supuestos asesores presidenciales —que podrían estar cometiendo usurpación de funciones—, expresaron en la reunión su oposición al etiquetado de advertencia.
Sería interesante que Romo aclare si enviar a estos dos supuestos asesores, aunque aparentes lobistas, fue un error atribuible a algún subordinado o si se trata de su particular manera de entender la máxima prédica de la 4T de separar el poder económico del poder político.
Cada vez es más claro que Romo dedica parte de su tiempo a cabildear agendas que interesan a ciertos grupos empresariales, sin importar su relación con el programa y los valores de la 4T.
@HernanGomezB
