Al gran Nacho Marván. Gracias por todo.
En octubre de 2019, previo al intento de elegir órganos de dirección en el partido, el presidente señaló: “es muy claro que se trata de un asunto que deben de resolver militantes, dirigentes, de Morena, que no debe haber injerencia de gobierno, eso debe descartarse por completo”.
Incluso advirtió: “El servidor público que intervenga en los procesos internos de los partidos y en particular en el proceso de renovación de la dirección de Morena, va a ser despedido del gobierno, y no sólo eso, voy a pedir, con todo respeto, a la Procuraduría Electoral de la Fiscalía General que intervenga … ya no hay partido de Estado”.
Cómo han cambiado las cosas que en la elección que tiene lugar este fin de semana el secretario de gobernación se ha postulado para ser uno de los 3 mil congresistas que habrán de elegirse; lo mismo ha hecho el secretario de gobierno de la Ciudad de México y tantos otros altos funcionarios, alcaldes y legisladores.
Es cierto, no hay impedimento estatutario para que un funcionario público se postule a esos cargos. Ocurre en muchos partidos del mundo, especialmente en regímenes parlamentarios, y para puestos partidistas de mayor relevancia partidista.
Pero en nuestro contexto hay un dilema ético y político que no tiene que ver únicamente con la superposición de cargos y la acumulación de poder, sino con lo que eso engendra: con el empleo de recursos públicos y de un ejército de personal trabajando desde la burocracia gubernamental en actividades partidistas.
Se engañan quienes creen que esto no distorsiona la vida partidaria. Incluso aleja cada vez más a Morena de ese partido-movimiento de liderazgos forjados en la movilización social.
Hoy el centro gravitacional del Movimiento de Renovación Nacional se ha desplazado casi enteramente hacia la burocracia gubernamental. Allí están sus principales presidenciables, y desde allí se juega y opera la interna partidista, incluida la renovación de los órganos de dirección.
Es así como los operadores de Claudia, de Marcelo, de Adán y de Monreal, junto a una serie de líderes en todos los niveles, están echando toda la carne al asador para conquistar la mayor cantidad de espacios. Y ninguno ha dejado de emplear recursos públicos, ni los que más se quejan de ello.
El dinero público se ha utilizado para todo: financiar viajes proselitistas disfrazados de giras de trabajo, emplear todo tipo de recursos humanos y, desde luego, operar con los programas sociales repitiendo prácticas que la izquierda siempre criticó.
De esta forma, las principales corcholatas y liderazgos de todos los tamaños estarán saliendo este fin de semana a medir sus fuerzas. Para ello, los distintos competidores se han dedicado estas últimas semanas a promover afiliaciones masivas (“hoy te afilias, mañana votas por mí”), contrarias al espíritu de un partido de masas en el que se esperaría tener integrantes medianamente convencidos, con ideología y formación partidista, no solo engrosándole los números a un líder.
Rápidamente Morena está dejando de ser ese partido-movimiento que fue antes de 2018, para avanzar en un proceso de cartelización, un fenómeno ya estudiado por el cual los partidos se convierten en una maquinaria electoral dependiente de los recursos públicos, más cerca del Estado y de políticos que buscan reproducir sus propios intereses y acumular poder, que instrumentos de la sociedad y sus causas.
Alguna razón tenía el Presidente con aquel exhorto que formuló tres años atrás.