Hace dos años Ricardo Monreal se inconformó cuando una presunta encuesta para elegir al candidato a jefe de gobierno no le favoreció. El hoy presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado hizo su respectivo berrinche y mantuvo en vilo al partido durante varias semanas. La molestia de Monreal era atendible: alguien le anunció que Claudia Sheinbaum había salido victoriosa con base en una supuesta encuesta cuyos resultados ni siquiera pudo ver.
Hoy el berrinche lo hace Martí Batres y tiene razones válidas. Cuesta creer en un proceso interno en cuya convocatoria solo se menciona a los senadores de Morena, pero a último momento llegan a votar los integrantes de un partido aliado —Encuentro Social—, con el argumento de que en realidad son militantes de Morena, pero tiempo atrás formaron un grupo parlamentario distinto, pero aun así siempre asisten a las plenarias de los morenistas.
Cuesta pensar que una elección interna es legal y creíble cuando se convoca a un aliado (el PES), pero no al otro (el PT), que casualmente había expresado su apoyo a la continuidad de Batres, pero no fue a votar porque normalmente los integrantes de esa bancada no asisten a las reuniones plenarias de Morena o porque unas veces sí lo hacen y otras no o porque en esta ocasión particular manifestaron que preferían no hacerlo.
Si el lector llegó hasta aquí estará tan confundido como yo. Para complicar el galimatías, se entregó a cada uno de los senadores una papeleta en sobre cerrado (¿por qué?), y no existe ningún acuerdo firmado por los contendientes en el que conste que conocían las reglas del proceso, fuera de la palabra de X o de Y. ¿De verdad que no hay elementos para reponer este proceso?
Ayer el agraviado fue Monreal, hoy lo es Batres, pero la esencia del problema es el mismo: la falta de institucionalidad en Morena. Al hoy partido gobernante le urge dotarse de mecanismos que regulen su vida interna y den certeza a los procesos a través de los cuales se eligen candidatos a puestos de elección popular, órganos directivos, coordinadores parlamentarios, etc.
Ricardo Monreal es un operador eficaz. Para bien o para mal, es un político profesional, quizás uno de los más profesionales dentro de la 4T. Su eficacia para lograr acuerdos y moverse en los sótanos de la política lo hacen un elemento necesario y útil. Pero el pragmatismo de Monreal también tiene un lado oscuro. Es claro que el senador quería apartar a Batres porque resulta un estorbo a sus ambiciones políticas.
A pesar de que tenía un poder disminuido, Batres representaba un contrapeso interno al poder de Monreal. En la estructura administrativo del Senado, Monreal concentró desde el principio los puestos más importantes: él nombró al Secretario General Administrativo, Mauricio Farah, al director Jurídico, de Recursos Humanos, de Servicios Administrativos, de Seguridad y Resguardo y de Difusión, entre otros.
No todos estos nombres han tenido buena prensa: Farah fue encargado de la administración de la Cámara de Diputados, a donde llegó de la mano de Manlio Fabio Beltrones; Bennelly Hernández, de Servicios Administrativos, fue detenida en el Aeropuerto de Tapachula con un maletín que contenía un millón de pesos; el Jefe de Seguridad y Resguardo, Demetrio Ortiz, es cercano a Emilio Gamboa y Murillo Karam y fue la mano derecha de Carlos Gómez Arrieta, acusado de torturar a uno de los presuntos implicados en el caso Ayotzinapa; Luz María Orozco Quiroz, Directora de Difusión, firmó contratos con empresas fantasma cuando fungía como Directora de Comunicación Social de Sedatu.
Menciono estos casos —sin tener mayores detalles que lo publicado en notas periodísticas— únicamente para ejemplificar porqué el poder de Monreal —al igual que cualquier otro— requiere contrapesos que solo pueden surgir de reglas claras. La práctica del agandalle para que uno se lleve todo (hoy que puedo y mañana no sé) coloca a Morena en una situación de extrema precariedad.
@HernanGomezB
