En pocos temas se juega tanto la viabilidad y supervivencia de la 4T como en el ámbito de la seguridad pública y el combate a la delincuencia organizada. Sabemos que en ese terreno las cosas no van bien; el propio presidente ha reconocido el enorme reto.
Aunque todavía se puede argumentar que heredamos una situación grave de gobiernos anteriores, el plazo para justificaciones de ese tipo está por agotarse. La ciudadanía empieza a exigir resultados concretos.
Como ha señalado Eduardo Guerrero, necesitamos dar tiros de precisión basados en un conocimiento sistemático de la forma en que se comportan los grupos del crimen organizado para recuperar gradualmente zonas que están bajo su control.
La Guardia Nacional es un instrumento, pero no representa una estrategia. La nueva Secretaría de Seguridad Pública tampoco parece tenerla y sus debilidades se hacen cada vez más notorias. Necesitamos contar con equipos preparados para enfrentar un tema tan sensible.
Es bien sabido que Alfonso Durazo, a pesar de su habilidad política, llegó al puesto sin mayor conocimiento del tema. Y aunque es común que las secretarías de Estado sean ocupadas por perfiles políticos sin experiencia en los temas de sus respectivas carteras, lo deseable en esos casos es compensar las limitaciones con cuadros más experimentados.
Lamentablemente, no es el caso de quienes ocupan los puestos de mayor peso en la nueva Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Ninguno de los dos subsecretarios del ramo, Ricardo Mejía y Alejandro Robledo, han tenido mayor cercanía con el tema; tampoco el exgobernador Leonel Cota, secretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
Los pocos con experiencia en seguridad no han sido mayormente escuchados. Patricia Bugarín, uno de los perfiles más preparados y quien antecedió a Mejía en el cargo, renunció tres meses después de tomar posesión, frustrada porque su voz no era tomada en cuenta. Algo similar ocurrió con Eunice Rendón, quien optó por abandonar su puesto de Secretaria Ejecutiva Adjunta del SNSP.
Un secretario de Estado debe ser capaz de hablarle al presidente con la verdad, ofrecerle información adecuada e incluso contradecirlo cuando es necesario. La ambición política de Durazo, quien busca hacerse de la candidatura del gobierno sonorense, puede ser un obstáculo para ello en la medida en que prefiera tomar decisiones motivado en la visibilidad, el protagonismo o la popularidad, sino es que simplemente en quedar bien con el presidente.
Desde su campaña, AMLO anunció que enfrentaría personalmente este tema. Para hacerlo, sin embargo, necesita información precisa y una diversidad de perspectivas mayor de la que ha contemplado hasta ahora.
Algunos expertos en seguridad consultados para esta columna consideran que el presidente no está bien informado en estos temas. Incluso que Durazo ha establecido un cerco para que solo escuche su voz y acaso unas cuantas más.
Eso puede ser problemático porque la criminalidad en México es un tema suficientemente serio como para limitarse a una sola visión. Lo deseable es que el presidente pueda hablar con todos los que saben del asunto, quienes son capaces de generar información útil y lo han estudiado.
Quizás si el presidente escuchara otras voces podría tener una visión más clara de la forma en que se comporta el crimen organizado, el cual cada vez tiene estrategias más sofisticadas de actuación.
Aunque el combate a la inseguridad y la violencia requieren de voluntad política, compromiso y sensibilidad social –elementos que no faltan a esta administración–, también exigen información de calidad, inteligencia y conocimiento que mal haría la 4T en subestimar, particularmente cuando se trata de un tema tan delicado.
@HernanGomezB
