“Son tres mujeres con muy buena trayectoria académica y en el servicio público”, dijo el presidente al presentar la terna para suceder a Medina Mora en la SCJN.
En realidad, las candidatas son dos porque una simple lectura del curriculum de Diana Álvarez Maury, subsecretaria de Gobernación, la descarta como opción.
La verdadera elección debiera estar entre la titular del SAT, Margarita Ríos Farjat, y la académica Ana Laura Magaloni, quien hasta recientemente colaboró con el gobierno de la Ciudad en el diseño de la nueva Fiscalía.
La principal interrogante en el caso de Ríos Farjat deriva de su dificultad para actuar con autonomía frente al poder económico. El estándar ético que ha establecido esta presidencia, sumado a la trayectoria de precedente de Medina Mora, exigen establecer una distancia clara con toda suerte de empresarios y contratistas.
No es claro si Ríos Farjat permitiría reforzar la narrativa de separar el poder económico y el político. Su cercanía a Alfonso Romo, quien la acercó a Obrador, despierta dudas porque el propio jefe de la Oficina de la Presidencia no ha sido capaz de aclarar sus posibles conflictos de interés.
En la Suprema Corte se toman decisiones que involucran miles de millones de pesos y pueden afectar intereses empresariales muy concretos. Por eso no queremos ministros que convivan con litigantes, contratistas o incluso políticos en comidas, cenas, bodas o bautizos, como ha ocurrido durante años. Si Ríos Farjat no ha logrado marcar esa distancia a lo largo de su trayectoria difícilmente podría hacerlo ahora.
Farjat tiene formación como jurista, pero su trayectoria como litigante ha estado vinculada fundamentalmente a despachos privados y empresas transnacionales. Lo suyo es el derecho civil y mercantil, pero carece de formación en temas fundamentales para la Corte como es el ámbito constitucional y los derechos humanos.
No es razonable esperar que un presidente promueva para la Corte a un perfil ajeno a su ideología y principios. Al contrario, creo que debe buscar a alguien que comulgue con ellos. De las dos candidatas solo Ana Laura Magaloni es cercana a lo que representa la 4T: es una mujer progresista que ha trabajado por años en iniciativas para promover que la justicia llegue a la gente. Lo suyo es la justicia de barrio, las defensorías públicas, las fiscalías a ras de tierra.
Si alguien puede comprender lo que significa conciliar la justicia con el derecho –ese dilema que el presidente ha planteado en varias ocasiones– es precisamente Magaloni, quien por años ha criticado la existencia de un Poder Judicial excesivamente formalista, razón por la cual en su momento se apartó de él.
Como parte de esa búsqueda por conciliar la justicia con el derecho Magaloni se dedicó a estudiar las decisiones adoptadas en materia de segregación racial por la Corte de EU en la época de los derechos civiles; a ese tema dedicó su tesis doctoral.
Su principal fortaleza está en el ámbito académico. Varios tribunales constitucionales europeos se reservan asientos para académicos precisamente por lo importante que resulta contar con cuadros capaces de elaborar sentencias sólidas a partir de argumentos claros y persuasivos.
Magaloni tiene el temple para establecer límites frente al poder, pero también la capacidad para actuar con madurez y prudencia, sin enemistarse al Ejecutivo. Sus vínculos no son con empresarios y contratistas, tampoco con políticos. En todo caso, su relación es con organizaciones sociales y de la sociedad civil que recibirían bien su eventual nombramiento.
A todos conviene una Corte con legitimidad a la que los ministros lleguen con el mayor respaldo político posible. Hoy solo Magaloni puede concitar esos apoyos en el Senado. Su elección, además, sería útil para recomponer las relaciones con la oposición, dañadas a raíz del nombramiento de la titular de la CNDH.
@HernanGomezB
