A más de uno le ha llamado la atención la conversión de Gibrán Ramírez, comentarista político y militante morenista, quien en cuestión de meses pasó de sostener posiciones propias de un obradorismo militante, a adoptar un discurso de franco coqueteo opositor.
La razón de la metamorfosis de Gibrán obedece en gran medida al negro expediente que dejó cuando estuvo al frente de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS); un expediente que finalmente está viendo la luz.
Gibrán lo sabe. Por eso no es casual que el punto de inflexión en su conversión al antiobradorismo coincida con una auditoría externa y el informe presentado en septiembre por el nuevo contralor interno de la organización, el chileno Nicolás Starck, el cual resulta demoledor.
A sabiendas de que casi nadie en el oficialismo saldrá en su defensa, la otrora joven promesa de la 4T no ha encontrado mejor estrategia que migrar a las filas opositoras, seguramente para presentarse como víctima de una persecución por sus nuevas posturas políticas.
En 2020 revelé cómo Ramírez Reyes había utilizado el presupuesto y la estructura de la Conferencia --en gran parte dependiente financieramente del IMSS--, para desde ahí construir su candidatura a la presidencia de Morena. Gracias al informe de Starck sabemos que el desvío de recursos fue más allá de lo que muchos imaginábamos.
En plena pandemia —septiembre de 2020— el director de finanzas de la CISS, Jorge Esparza, firmó un contrato para arrendar una sede alterna en la calle Mier y Pesado número 26, colonia del Valle, en una decisión que tomó sin consultar con ningún órgano superior de la Conferencia.
Esta decisión fue tomada cuando el personal de la CISS trabajaba desde casa, y mientras Gibrán no pagaba la renta de la sede principal del organismo. Más importante aún, el contrato se firmó cuando ya había iniciado la disputa por la presidencia de Morena. Muy posiblemente esa oficina alterna se utilizó para la campaña de Ramírez.
El costo del alquiler de este espacio fue sorprendentemente alto: ascendió a 110 mil pesos mensuales. La bancada de MC —que hoy ocupa el mismo espacio— paga 80 mil pesos. ¿Cómo explicar que en tiempos de pandemia —cuando el valor en el mercado de las oficinas mostraba una tendencia a la baja— Gibrán pagara un tercio más de alquiler?
Desde que el joven Ramírez ingresó a la conferencia utilizó con absoluta libertad una tarjeta de crédito American Express Golden Platinum, sin límite de crédito, para pagar comidas, cenas e ingentes cantidades de alcohol. Por los informes recientes sabemos que Gibrán nunca entregó cuentas. Unos 560 mil pesos están pendientes de comprobación.
Para tapar estas y otras tropelías, Ramírez no tuvo mejor idea que comprar el silencio del contralor interno, el dominicano Eduardo Del Villar Liranzo. Si bien los estatutos de la CISS establecen que ese puesto debe ser independiente y ad honorem, del Villar recibía mensualmente 3 mil dólares, “incentivo” que era transferido regularmente a su cuenta de forma ilegal.
Cuando Álvaro Velarca —hombre de confianza de Zoé Robledo— llegó a la secretaría general de la CISS, inició una serie de cambios para evitar que situaciones como estas se repitan. Entre otras acciones, forzó a renunciar al contralor del Villar para que la organización nombrara un sustituto capaz de sacar la mugre oculta debajo del tapete.
Presentaré próximamente todas las evidencias del caso en mi programa El Octágono, por La Octava.
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