El Presidente ha acertado en señalar que el Poder Judicial enfrenta un enorme rechazo social, en un país donde el déficit de justicia es inmenso. Desde esa lógica, en parte, es que lanzó el reto de emprender una reforma.
Frente a ello, jueces, magistrados y ministros debieran promover una contención inteligente que comience por aceptar que, en efecto, se necesitan cambios profundos. En lugar de ello, varios han adoptado un discurso poco autocrítico y en defensa del status quo que les cierra puertas.
A mi modo de ver, la propuesta de elegir por voto popular a jueces, magistrados y ministros ha contaminado la discusión y ha cerrado la posibilidad de una deliberación racional sobre el tema.
Ciertamente, el poder judicial necesita una reforma profunda y es necesario democratizarlo. Sin embargo, eso no solo, ni necesariamente, pasa por elegir a los juzgadores a través de inciertos concursos de popularidad.
La necesaria democratización del poder judicial tiene que ver con que los propios jueces den la cara, se sientan obligados a explicar sus actos en el idioma de la gente, e incluso que el propio Consejo de la Judicatura sea una institución transparente, que rinda cuentas a la sociedad. Si una virtud ha tenido la iniciativa presidencial —una gran provocación en sus términos actuales— es haber forzado a jueces y magistrados a salir a la arena pública.
Democratizar el poder judicial tiene que ver con eso; pasa también porque los jueces actúen con más sensibilidad, no difieran constantemente las audiencias con cualquier pretexto, y los juicios dejen de eternizarse.
Democratizar el poder judicial tiene que ver, primordialmente, con garantizar un acceso efectivo a la justicia desde lo local y para todas las personas, en un país donde sabemos que la justicia le sirve más a los ricos que a los pobres.
Al centralizar la discusión de la reforma en la elección popular de jueces y ministros —compleja e inoperante—, estamos perdiendo la oportunidad de poner sobre la mesa las verdaderas razones por las cuales nuestra justicia no funciona.
Tendríamos que estar discutiendo, por ejemplo, cómo fortalecer la carrera judicial, que el nombramiento de jueces y magistrados efectivamente resulte del mérito, que no se pueda acceder por padrinazgos y sin haber rendido los exámenes, e incluso que estos no se vendan y compren.
Debiéramos estar discutiendo cómo evitar que el sistema de adscripciones, readscripciones y sanciones dejen de utilizarse como mecanismos de presión política o, peor aún, de negocios inconfesables, como ocurrió en el pasado reciente y no tan reciente.
Afirmar que “la mayor parte de los jueces son corruptos” puede ser un diagnóstico equivocado. De hecho, el negocio de la justicia en México —según mis propias investigaciones sobre el tema— no necesita que todos los juzgadores lo sean. Basta con controlar el sistema de turnos y asignar los casos a cierto tipo de juzgadores, con quienes se puede lograr una componenda o llegar a un arreglo monetario para comprar una sentencia. Por ello, blindar el sistema de turnos para que estos realmente sean aleatorios debiera ser un asunto central.
Estos y muchos otros problemas del poder judicial no pasan necesariamente por el imperativo de elegir a los juzgadores por voto directo. ¿Acaso no sería más sensato invertir la ecuación para discutir primero los temas centrales, donde pudiera haber mayor acuerdo, y dejar al final los mecanismos de elección?
@HernanGomezB