Seis hombres blancos, heterosexuales, privilegiados, de cincuenta o más años en su mayoría, sobre representados en la política, pertenecientes a las cúpulas partidistas y unidos por los intereses de la partidocracia, buscaron la semana pasada darle un golpe a la representación democrática.
Esa representación que han conquistado las mujeres, que hoy tienen un Congreso paritario; los indígenas que por primera vez en la historia tienen 37 diputados; los afromexicanos que tienen seis, las personas LGBTTI que tienen cuatro, los migrantes y mexicanos residentes en el extranjero con diez y personas con discapacidad que suman ocho.
La iniciativa de reforma constitucional en materia electoral, avalada por una perversa alianza entre los coordinadores del PRI, PAN, PRD, Morena, PT y Verde para quitarle atribuciones al Tribunal Electoral en materia de acciones afirmativas —entre otros asuntos—, hubiera debilitado severamente las facultades del instituto en esta materia
El gran problema es que no ha sido gracias a los partidos ni sus líderes —tampoco a las cámaras—, que el Congreso tiene hoy una conformación más plural. Es gracias al Tribunal Electoral que en México ha desplegado un activismo único en materia de acciones afirmativas, y a las organizaciones sociales.
Una iniciativa promovida inicialmente por Marko Cortes, que rápidamente sumó el apoyo del PRI y el PRD, logró que más tarde se unieran partidos de izquierda, como Morena y el PT, como resultado de una oscura negociación.
Dos razones explican el fracaso de esta intentona: la primera es una alianza del bajo clero congresual, liderada por mujeres, sobre todo de Morena (como Aleida Alavez, Irma Juan Carlos, Salma Luévano, etc.), algunas de otros partidos, como Blanca Alcalá, diputados como Hamlet Almaguer y Emmanuel Reyes, y la bancada de MC, que tuvo un papel muy digno.
Pero la iniciativa cayó en gran medida porque se rompió el acuerdo político entre las cúpulas de los seis partidos, luego de que PRI y Morena pactaron una reserva, que subió el diputado Marco Mendoza, cercano a Rubén Moreira, donde se planteaban dos cosas:
En primer lugar, que el proceso electoral inicie el 1 de septiembre del año previo a la elección, cosa que no se entiende si consideramos que en el “plan B” promovido por el oficialismo ya había determinado que fuese la tercera semana de noviembre. ¿Por qué el cambio? La respuesta es sencilla: para que las cosas le cuadren perfectamente a Alito, y este pueda asegurar su reelección, conforme a los estatutos del PRI.
En segundo lugar, la reserva planteaba que “para efectos de actos anticipados de precampaña, se entenderán aquellos realizados dentro de los treinta días previos al inicio de la precampaña en los términos de la ley”. ¿Qué se buscaba con esto? Que las cada vez más activas corcholatas de Morena, que iniciarán su proceso interno en julio de este año, tengan carta blanca constitucional para moverse libremente, sin enfrentar posibles consecuencias legales.
Cuando las dirigencias del PAN y el PRD se enteraron de este acuerdo entre el PRI y Morena —que no los incluía y fue hecho a sus espaldas—, decidieron romper. Fue entonces que Marko Cortés anunció que retiraba su apoyo a una iniciativa que él mismo cocinó.
Así las cosas, no es que las cúpulas partidistas hayan entrado en razón, sino que se les cayó el acuerdo que hicieron en lo oscurito. Claro, la rebelión interna, y las expresiones de la sociedad civil en contra de la iniciativa, también elevaron el costo de aprobar la reforma.
@HernanGomezB
