Bolivia es el único país en el mundo donde existe algo parecido a la elección por voto popular de tan diversas instancias del Poder Judicial, como propone AMLO. ¿Qué ha arrojado esta experiencia?
La Constitución boliviana de 2009 estableció la elección por sufragio universal de cuatro tribunales distintos, incluidos el Constitucional (nuestra SCJN) y el Consejo de la Magistratura (nuestra Judicatura).
Hasta ahora, se han realizado dos elecciones, en 2011 y 2017. En ambas el MAS preseleccionó a los candidatos, por tener mayoría. La oposición se ha manifestado en contra de estos procesos y ha boicoteado las elecciones.
En 2011 se presentaron nada más y nada menos que 116 candidatos para 56 cargos distintos en el Poder Judicial. Era tal el número de opciones existentes que, para informar a la ciudadanía, se entregaba a los votantes literalmente un libro, donde podían revisar perfiles. ¿Cuántos se habrán informado antes de votar?
El costo de este tipo de comicios fue bastante alto. En 2017 se gastaron 330 millones de pesos mexicanos, para este año se solicitaron 500 millones.
La elección de jueces en Bolivia ha sido una fuente de inestabilidad política. Recordemos que fue precisamente un tribunal constitucional elegido por la gente el que le permitió a Evo postularse nuevamente en 2019, pese a que la Constitución lo prohibía expresamente y la gente votó en contra de ello en un referéndum.
Este episodio es el antecedente directo del golpe de Estado en 2019, donde un tribunal constitucional elegido por voto popular desobedeció la Constitución que debía proteger y provocó una enorme crisis política.
Algo interesante del caso boliviano es que el Tribunal Constitucional ha mostrado una tendencia a respaldar a quien sea que esté en el gobierno, cosa que no ha cambiado con su elección por voto popular. En su momento permitió que Evo Morales se postulara a un tercer mandato, y ahora que Luis Arce está en el poder inhabilitó al propio Evo para impedir que se postule nuevamente.
Por otro lado, aunque en Bolivia las campañas están prohibidas para los jueces, existen informalmente, y es muy común que reciban financiamiento irregular por fuera del marco legal.
A pesar de estas reformas, la confianza en el sistema judicial boliviano no parece haber mejorado. Según la Fundación Construir, solamente 13% de los bolivianos confía en su sistema de justicia; de acuerdo con el Barómetro de las Américas la cifra es del 15%, y según el Centro de Estudios de Justicia de las Américas es el 12%.
El resultado habla por sí mismo: En 2011, cerca de 60% de los votan tes anularon la boleta o votaron en blanco; en 2017 fue del 66%. Esto no solo obedece al boicot de la oposición, sino también porque el electorado no conocía mayormente la larga lista de candidatos ni se entusiasmó en el proceso.
Con todo esto en mente, no resulta extraño que el actual ministro de Justicia de Bolivia, Iván Lima, haya cuestionado recientemente si elegir a los candidatos es la mejor opción. No sería de extrañar que en los próximos años la reforma termine por revertirse.
La experiencia de Bolivia nos sirve para comprender las dificultades que tiene la elección de personas juzgadoras. Quizá habría que pensarlo mejor antes de importar a México un modelo tan complicado e inoperante.
No necesariamente hay que pelearse con la idea de la elección para cierto tipo de juzgadores, pero hace falta poner los pies en la tierra y pensar en un sistema más realista y asequible.
@HernanGomezB
