En sus dos últimas entregas a EL UNIVERSAL, Sabina Berman ha puesto el dedo en la llaga sobre un tema escasamente discutido: Que existe una tendencia generalizada a señalar que la misión del periodismo es revisar y cuestionar al poder —cosa que está muy bien—, salvo que muchos limitan esa visión al poder político —sobre todo al Ejecutivo Federal—, e ignoran casi por completo al poder económico y mediático.
Una muestra de ello la hemos visto en las últimas semanas con los crecientes cuestionamientos a los libros de texto, con algunos argumentos que lindan el absurdo.
El diario Reforma, por ejemplo, ha cuestionado severamente que se enseñe “ideología” a los niños y jóvenes, por el hecho de que un nuevo libro de orientaciones metodológicas para los maestros se incluya (entre otros autores, recalco) una recomendación de leer a Marx y a Lenin.
Pero más que discutir el contenido de los libros de texto o poner a examen la política educativa de 4T —que confieso no termino de entender— me parece importante hablar de lo que está detrás de este nado sincronizado mediático que tiende a alinearse a ciertos grupos económicos.
Si ampliamos el lente de nuestra crítica al poder, podemos ver que lo que está detrás de muchas de esas críticas —antes que el contenido mismo de los libros de texto— es la disputa por un negocio millonario que hoy peligra ante la eminente decisión del gobierno de producir directamente los libros de secundaria, sin recurrir a contrataciones con editoriales privadas.
Según datos de la propia industria, las ventas en ese ámbito abarcan más de 350 títulos, más de 37 millones de ejemplares y una facturación total que es casi la mitad de todo lo que ingresa en la industria editorial mexicana.
Lo que no nos dicen es que, de las 28 editoriales privadas que durante estos años han venido editando los libros de texto, cuatro acaparan casi el total de la compra: SM (hoy fusionada con Macmillan), edita en promedio el 58%, Castillo acapara el 32%, mientras que Santillana y Trillas tiene un 4% cada una.
Es falso, como se ha dicho, que las compras a estas editoriales se hagan a precios muy bajos, pues el margen de utilidad que tienen es bastante alto. Según cálculos de la SEP, cuando el gobierno comience a producir directamente los libros podrán costar menos de la mitad que hoy.
Claro que esto no le ha gustado a un sector de la industria editorial que ha lucrado con un negocio a expensas del Estado en condiciones oligopólicas similares a las que disfrutaban las empresas distribuidoras de medicamentos.
No es casual que tan solo días antes de que Reforma iniciara su campaña contra los libros de texto, el presidente del Comité de Libros y Contenidos Educativos de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Fernando Revilla (quien resulta ser el director de la Editorial SM), circuló un comunicado en el que solicita a sus homólogos de la industria movilizarse activamente en contra de la medida.
Cuestionar y revisar el poder económico y mediático —como propone Sabina— pasa por preguntarnos, por ejemplo, si es que los libros de texto gratuitos pueden y deben ser considerados un negocio, si es en clave de negocio como debe determinarse la política educativa de un país, e incluso si cuatro grandes casas editoriales deben ser subsidiadas por los contribuyentes.
www.hernangomez.com.mx @HernanGomezB
Suscríbete aquí para recibir directo en tu correo nuestras newsletters sobre noticias del día, opinión y muchas opciones más.
