La transición del Seguro Popular al Insabi —como parte de una estrategia para garantizar la gratuidad de los servicios públicos de salud—, debió hacerse de una manera más cuidadosa y planeada, con todas sus reglas de operación en forma, claridad en el esquema de financiamiento y —sin lugar a dudas— una campaña previa de comunicación.
Quizás lo mejor hubiera sido que el nuevo instituto entrara en vigor el próximo año, o cuando estuviese realmente listo. Lo que hay que entender, sin embargo, es que el presidente no tomó una decisión técnica, sino política.
Las resistencias a este cambio son enormes y vienen de varios lados: distribuidores de medicamentos, políticos, gobernadores, corporaciones sindicales estatales en el ámbito sanitario, y otras que probablemente harían difícil una transición tersa.
Con esos actores, copartícipes en mayor o menor medida de un esquema de corrupción que se llevó 9 mil millones de pesos en tan solo 8 estados, era difícil negociar el nuevo mecanismo. Quizás por ello el presidente decidió que lo más conveniente era patear el tablero y dar un golpe de timón fuerte.
El escenario actual dista mucho de ser el caos que algunos buscan presentar. Es falso que la implantación del Insabi sea una decisión improvisada porque el asunto —que está dentro de los cuatro temas que más le importan al presidente— se viene discutiendo regularmente desde antes de la elección.
No cabe duda que el tamaño de la reacción es directamente proporcional a los intereses que afecta. En mucho tiene que ver el papel de las empresas dedicadas a la distribución de medicamentos, especialmente las tres que han concentrado el 70% del mercado, y que hicieron un negocio redondo, tanto a través de la distribución de medicamentos, como de la gran cantidad de servicios que les fueron subrogados con pagos altísimos.
Un caso paradigmático es el de Grupo PISA, una poderosa farmacéutica con sede en Guadalajara, cuya relación con esta administración se ha vuelto particularmente tensa. En abril una de sus filiales —SAFE— fue investigada luego de un brote infeccioso que llevó a la Cofepris a cerrarle varias plantas por malas prácticas. La filial intentó “negociar” con las autoridades de la comisión a la vieja usanza, pero la Comisión fue implacable.
En el gobierno se cree que PISA recibe la protección del gobernador Enrique Alfaro —lo que en parte explicaría su oposición al Insabi—, y tiene estrechos vínculos con políticos priístas, donde se menciona a Gamboa, Madrazo, Narro y al panista Miguel Ángel Yunes, quien todavía vende medicamentos al ISSSTE.
No es casual que en los últimos meses se haya buscado manipular a la opinión pública con historias de niños sin medicamentos y pacientes con cáncer que estarían siendo abandonados por este gobierno. ¿Por qué será que el ataque mediático se ha concentrado en el ámbito oncológico? ¿Será quizás porque PISA es el gran fabricante de medicamentos contra el cáncer en este país?
El tamaño de la corrupción y el dispendio en el sistema de salud son tan grandes que el gobierno calcula que es posible alcanzar sus ambiciosos planes en este sector si logra, por ejemplo, llevar más lejos la política de compras consolidadas que ha permitido pagar significativamente menos por las medicinas o si deja de gastar hasta tres veces más de lo que realmente cuesta construir un hospital. Es natural que quienes ven que este camino va en serio estén poniendo el grito en el cielo.
En el gobierno deben estar muy seguros de que se liberarán cuantiosos recursos por esta vía, ya que esta misma semana —según información que fue revelada a este columnista— se piensa anunciar un paso más hacia la gratuidad: el fin del cobro de cuotas de recuperación en los institutos de salud.
Nota:
Con enorme gratitud me despido de EL UNIVERSAL, a donde llegué por primera vez en 2009. Esta columna se publicará los martes en otro espacio que pronto anunciaré. Gracias también a mis lectores por acompañarme. Los llevo en mi corazoncito.
@HernanGomezB
