Una de las mayores infamias del antiguo régimen es el desvío de recursos públicos que debían orientarse a los más pobres, ya para financiar campañas políticas, ya para abultar los bolsillos de funcionarios corruptos.
Aunque el rostro más evidente ha sido la Estafa Maestra, es probable que nuevos ejemplos de la corrupción en el área social se deriven de la información del llamado Censo del Bienestar.
Aunque se trata de un levantamiento de necesidades, más que de un censo en forma (el instrumento no tiene la naturaleza ni la metodología para ser considerado bajo esa denominación), cuando este instrumento se haga público permitirá hacerse una idea de la magnitud del saqueo de los recursos públicos en el área social.
Los responsables, que reportan haber hecho visitas domiciliarias a más de 20 millones de domicilios en zonas marginadas del país, encontraron que casi un millón 200 mil beneficiarios declararon haber recibido en promedio transferencias hasta 30 por ciento inferiores a lo fijado en la norma.
A pesar de que la integración del padrón de Prospera supuestamente se hacía a través de criterios enteramente técnicos, la información disponible permite conjeturar que existía un sistema de intermediación y extracción de rentas por el cual las transferencias llegaban incompletas a sus titulares.
En el programa intervenían miles de vocales que, según diversos testimonios recabados por funcionarios de esta administración, tenían en la práctica poder para decidir quién se beneficiaba del programa y quién debía salir. Además de guiar su actuación a partir de criterios político-electorales, llegaban a cobrar comisiones a las titulares, por encima de su pago legal.
En visitas de campo, diversas beneficiarias revelaron a los nuevos funcionarios que, a menudo, los médicos y enfermeras las extorsionaban con un cobro de entre 10 y 180 pesos, simplemente por asentar que habían cumplido con el requisito de efectuar sus visitas médicas (condición necesaria para recibir las transferencias).
Según una fuente de la Coordinación de Becas de la SEP, el Programa de Inclusión Financiera implementado en 2014, uno de los componentes de Prospera a través de los cuales se otorgaron créditos a 2.5 millones de beneficiarios, se desarrolló en completa opacidad. El gobierno anterior jamás rindió cuentas y no existe prueba de que sus beneficiarias hubiesen aceptado recibir créditos.
Funcionarios del área social creen que en los desvíos de Prospera también hubo participación de instancias federales. Es decir, que los montos de las transferencias podrían haber llegado recortados desde las oficinas centrales, pues han detectado que existían cuentas bancarias asignadas a beneficiarios inexistentes (lo que implicaría una responsabilidad por parte de Bansefi).
En la Coordinación de Becas se identificaron padrones inflados, incluso en 14 mil localidades se ubicaron más beneficiarios que habitantes. En esas localidades había poco más de un millón de habitantes y un millón y medio de beneficiarios. Este tipo de anomalías —por usar un término suave— serían más recurrentes en comunidades alejadas y dispersas y en estados con mayor pobreza. A mayor necesidad, mayor era el abuso.
Llama la atención que el nuevo gobierno haya encontrado estas irregularidades en un programa social que gozaba de buena reputación, considerado ejemplar a nivel internacional y que además fue el más evaluado en nuestra historia. Por la cantidad de recursos que se le destinaron, desde Zedillo hasta Peña, debería llevarse a cabo una amplia y seria investigación que permita dilucidar lo ocurrido y evitar que se repita.
Una lección es clave: gran parte de los pagos de Prospera se realizaban en efectivo, porque el número de municipios bancarizados en el país no llega a los 600. La política de bancarización que se llevará a cabo a través de los “Centros Integradores” de esta administración ofrece una oportunidad única para evitar mermas en las transferencias y crear un sistema de vigilancia desde las propias comunidades. Hablaré sobre el asunto en mi próxima entrega.
@HernanGomezB
