En julio de 2020 el proceso de selección para consejeros del INE no reparó en que uno de los perfiles –Norma de la Cruz-- no cumplía con al menos dos de los requisitos legales para llegar al puesto.
El primero, ventilado hace tiempo por Reforma, es no tener otra nacionalidad, además de la mexicana. Y es que en 2013 ella se naturalizó como británica, como pude comprobarlo en el acta de naturalización y como ya se había ventilado en una ocasión.
El artículo 38 de la LEGIPE dice clarito: para ser consejero hace falta “ser ciudadano mexicano por nacimiento que no adquiera otra nacionalidad”. De la Cruz debió renunciar, pero prefirió no hacerlo.
Ciertamente la constitución ya no impide tener doble nacionalidad a los ciudadanos en general, pero para ciertos funcionarios públicos, electos o no electos, es un impedimento claro.
La consejera se ha defendido del asunto alegando que esta es una norma discriminatoria (coincido que lo es, y nefasta), pero es la norma. Ella alega que existe un fallo del Tribunal Electoral que permitió al integrante de un OPLE con doble nacionalidad desempeñar su puesto.
Como autoridad electoral, sin embargo, de la Cruz debiera ser la primera en saber que ese fallo no establece un antecedente obligatorio, pues no hay jurisprudencia al respecto.
Para que esta consejera pudiera estar protegida legalmente y ostentar otra nacionalidad, tendría que haber interpuesto un juicio para la protección de sus derechos político-electorales, cosa que no hizo a tiempo y no se le concedió.
El segundo requisito que la consejera incumplió es el de tener residencia en México dos años antes de su nombramiento. Por increíble que parezca, en el CV que ella misma presentó a la Cámara se puede ver que trabajaba en otros países.
Para aparentar que residía en México, sin embargo, la hoy consejera tramitó una credencial para votar en la que proporcionó un domicilio falso, en Avenida Baja California, col Roma.
Consulté el tema con la consejera y aseguró que ella subarrendaba en ese lugar. Le pedí alguna evidencia, pero dijo no tenerla: ni un contrato de arrendamiento ni recibo alguno. ¿Alguna transferencia de pago de renta? Tampoco. Siempre se manejó en efectivo, asegura.
Pregunté a Samanta Medina Araujo, la persona que vive en el domicilio en cuestión desde hace 12 años, y negó categóricamente que la hoy consejera haya habitado allí. “Nunca he subarrendado a nadie”, aseguró.
Pero hay más: Como lo di a conocer desde el 29 de marzo en La Octava (información que retomó Reforma sin dar crédito), existe evidencia documental de que, la consejera Norma de la Cruz le cobró moche a su coordinadora de asesores, quien durante dos años depositó todos los meses 10 mil y luego 15 mil pesos en la cuenta de la madre de la consejera, María Teresa Magaña.
Consulté con la consejera en una llamada telefónica sobre el tema. Tras una carcajada aseguró que todo eso era absolutamente falso. Sin embargo, los estados de cuenta de la asesora, entre septiembre de 2020 y agosto de 2022, sugieren lo contrario.
Más adelante, la consejera aportó un nuevo elemento: que su coordinadora de asesores se ocupaba de sus finanzas personales, razón por la cual se encargaba de depositarle regularmente la suma que la consejera le pasaba todos los meses a la señora. Le pedí evidencias, pero nuevamente dijo que se manejaba en efectivo.
Me compartió también algunos de sus estados de cuenta, pero en ellos solamente se prueba que hizo retiros en efectivo, como los que haría cualquiera de nosotros. Mandó también algunas transferencias bancarias que hizo a su asesora, pero estas están muy lejos de comprobar los 334 mil pesos de pagos a la madre de la consejera.
Cabe destacar que Norma Cruz llegó al INE con el apoyo de algunos cuadros de Morena, entre ellos John Ackermann. Su conducta, sin embargo, ha estado muy lejos de los valores del movimiento. Durante el proceso de selección parecía dispuesta a ganar menos que el presidente, pero una vez que llegó ahí no aceptó bajarse el sueldo. Solo un consejero lo hizo.
Por lo demás, sus posiciones en el INE han sido muy poco consistentes, e incluso han generado malestar entre quienes la promovieron. Para muestra, votó por sancionar al partido en el tema del fideicomiso para construir inmuebles, en febrero del 2022; votó en una de las ocasiones (pero extrañamente no en otra) para cancelar la candidatura de Félix Salgado Macedonio por omitir la presentación de
informes de sus gastos de precampaña, apoyó la controversia constitucional contra el llamado plan B, aunque luego salió a defender una postura distinta en los medios, y hace unos días también votó a favor de dar carpetazo a las investigaciones contra el PRI por Odebrecht y la Operación Safiro.
@HernanGomezB
Mucho que investigar.
