Desde hace cinco años Guanajuato encabeza la lista de las entidades más violentas del país. Solo en enero de este año se registraron 250 homicidios dolosos. El lamentable asesinato de la candidata de Morena a la alcadía de Celaya, Gisela Gaytán, muestra una vez más que la situación en materia de seguridad en el estado está fuera de control.
Especialmente ahora, llama la atención la situación en la entidad porque la seguridad está ocupando un lugar cada vez más importante en el discurso de la oposición, y porque la derecha defiende cada vez más la idea de que con medidas punitivistas y de “mano dura” podrían contener la violencia.
“Se acabaron los abrazos”, repite frecuentemente la candidata del PRIAN, en un guiño evidente al calderonismo.
Lo cierto es que este discurso hace aguas cuando vemos la situación de Guanajuato, una entidad que lleva 33 años gobernada por el panismo. Con experiencias como ésta, ¿cómo puede la oposición argumentar que sus planteamientos en materia de seguridad podrían funcionar mejor que los de la 4T?
Un ejercicio interesante surge de comparar a Guanajuato, durante tres décadas de gobiernos azules, con la Ciudad de México, 27 años gobernada por la centro-izquierda.
Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre 1997 y 2023 los homicidios dolosos en Guanajuato crecieron 455%, mientras en la Ciudad de México se redujeron 22%.
Otros delitos --no todos necesariamente asociados a la presencia del narcotráfico-- muestran igualmente un contraste enorme en esos 26 años. El robo con violencia a casa habitación, por ejemplo, creció 15,900%, cuando en la capital se redujo en un 62.4%; el de vehículos con violencia aumentó 5,734%, mientras en la ciudad se redujo 92%.
No se pretende aquí explicar las razones de estos contrastes, pues naturalmente incluyen múltiples variables. Sin embargo, vale la pena hacer tres consideraciones.
Primero: El gobernador Diego Sinhué fue renuente a participar en las mesas de seguridad del gobierno federal. Solo cuando cambió de postura, reconoció el error y comenzó a asistir, inició un moderado descenso de la violencia en la entidad. De 3359 homicidios en 2020 bajó hasta 2581 en 2023. ¿En algo habrá tenido que ver la actuación coordinada con el gobierno federal? Probablemente sí.
Segundo, desde 2009 solo ha habido un fiscal en Guanajuato: Carlos Zamarripa, quien primero fue procurador entre 2009 y 2019. ¿Cómo es posible que después lo hayan nombrado fiscal, cuando durante esos diez años los homicidios en la entidad crecieron casi siete veces? O hay fuertes intereses políticos o se trata de un perfil coludido con el crimen organizado, a la usanza calderonista.
Tercero, a diferencia del discurso de “mano dura” de la derecha, la estrategia de izquierda en la Ciudad de México ha enfatizado el atender las causas de la violencia a través de la inserción social, desde el gobierno de AMLO, cuando se estableció la pensión para adultos mayores, hasta el de Sheinbaum, cuando se expandieron apoyos como con Mi Beca para Empezar.
Evidentemente, hay muchos otros factores que explican las diferencias entre Guanajuato y la Ciudad de México, pero es un hecho que el panismo no tiene elementos para afirmar que sabe qué hacer en materia de seguridad o que puede hacerlo mejor que el gobierno actual. Lo demostraron durante el sexenio de Calderón y lo evidencian nuevamente en Guanajuato. (Elaborado con apoyo de Oscar González)
