La legislación mexicana establece límites al financiamiento privado de los partidos políticos. Sabemos, sin embargo, que esa legislación es un chiste: en todos los comicios vemos candidatos de cualquier sigla que rebasan por mucho los topes establecidos.
Se ha vuelto una práctica común violar la normatividad electoral y más tarde pagar las sanciones correspondientes. Casi se podría decir que los partidos guardan una porción de sus recursos para hacer frente a las multas que deberán pagar.
Un fuerte indicio del flujo de dinero ilegal durante las campañas es el aumento del circulante en periodos electorales. En 2018, entre febrero y marzo, hubo un incremento de 43 mil millones de pesos en efectivo en relación con años anteriores (datos de Banxico).
Durante el proceso interno de Morena fuimos testigos de la forma en la que las corcholatas gastaron ingentes cantidades de dinero en publicidad. Bastaba con salir a la calle para darse cuenta que casi todos utilizaron mucho más que esos 5 millones de pesos que el partido les dio a cada uno.
El financiamiento ilegal siempre ha estado ahí, nunca se ha podido evitar. En el mejor de los casos, la autoridad electoral aplica una sanción económica que, a juzgar por los resultados, los partidos están dispuestos a pagar sin que les genere mayor problema.
La iniciativa de reforma al Poder Judicial prohíbe la participación de partidos políticos y la propaganda en las elecciones a jueces, magistrados y ministros. En teoría, la campaña consistirá en debates organizados por el INE y en espacios que los medios de comunicación habiliten para que las personas juzgadoras expongan sus ideas. En esa lógica no se contempla financiamiento alguno para los candidatos, ni público ni privado.
Pero eso solo es en teoría. No tardarán en aparecer los espectaculares de la revista patito que traerá en portada al candidato Chuchito Pérez que quiere ser ministro de la Corte o magistrado de circuito. ¿De dónde saldrá el dinero para eso? ¿Cómo se pagarán los viajes que los candidatos hagan por distintas ciudades del país y todos esos gastos que implica hacer una campaña?
Podemos establecer prohibiciones y tener una legislación estilo Dinamarca, como tanto nos gusta hacer en México. ¿Pero qué nos hace pensar que esta vez las reglas se respetarán y podremos hacer que se cumplan?
El caso estadounidense nos puede servir para calcular lo que puede pasar en nuestro país. Diversos estudios muestran cómo las contribuciones a las campañas predisponen a los jueces a resolver casos a favor de sus donantes (que en México serían donantes ilegales).
En Estados Unidos se ha observado una tendencia creciente de los gastos de campaña en las elecciones para jueces y está comprobado que los grupos de interés aportan frecuentemente recursos a sus candidatos predilectos.
Un caso que llama la atención es el del Comité de Acción Política por la Justicia Judicial en Texas el cual aportó 4.5 millones de dólares. Esta organización fue financiada por empresas del ramo petrolero. Una de estas es la empresa Apache, que donó 250 mil dólares, justo cuando enfrentaba una sentencia condenatoria por 900 mil dólares debido a discriminación laboral. En primera instancia, la Corte Suprema de Texas se había negado a atender la apelación de la empresa Apache, pero finalmente, tras el donativo, desestimó la decisión del jurado. Los 900 mil dólares que hubieran tenido que pagar recompensaron con creces los 250 mil que donaron.
Una encuesta nacional del Centro Brennan señala que en Estados Unidos la gran mayoría de la gente considera que el financiamiento de las campañas influye en las decisiones judiciales de los jueces: 59% considera que influye mucho, 28% que influye algo, 8% que influye poco y solamente 2% que no influye nada.
Evidentemente, lo que ocurre en el Poder Judicial es de enorme interés para los poderes económicos que ya inciden en distintos niveles de la justicia. Al elegir a las personas juzgadores por voto popular, corremos el riesgo de que se replique el financiamiento ilegal que ya impera en las campañas electorales normales.
Si vamos a continuar por este camino, como todo parece indicar, será de suma importancia crear en la legislación secundaria instrumentos reales de sanción que eviten que quienes aspiren a algún cargo en el Poder Judicial no reciban cualquier tipo de financiamiento, para así evitar que lleguen a sus puestos con una carga de favores que pagar.
@HernanGomezB
