En una excelente entrevista hecha por Sabina Berman y mi amigo John Ackerman, Arturo Zaldívar afirmó abiertamente que el gobierno de Calderón ejerció presiones sobre el Poder Judicial, de las cuales fue personalmente testigo.
Entre el ministro y el expresidente, quien promovió su nombramiento, existió una relación cercana desde sus tiempos en la Escuela Libre de Derecho. La relación se volvió distante, sin embargo, poco tiempo después de su llegada a la Corte, a partir de la histórica ponencia sobre el Incendio de la Guardería ABC. Aquí fue cuando Zaldívar enfrentó las primeras presiones. Una fuente con conocimiento del caso aseguró para esta columna que el gobierno pretendía incluso que el ministro defendiera al presidente e intentó todo para modificar el sentido de su ponencia.
El aparato público se volcó por completo a intentar doblegarlo: investigaron posibles casos de defraudación fiscal, desvío de recursos, e incluso hurgaron en su vida íntima, personal y familiar de una manera por demás infame, pero nunca le encontraron nada. Cuando más entereza logró mostrar Zaldívar —opina esa misma fuente— fue en el caso de Florence Cassez, donde el ministro tuvo la valentía de apuntar directamente a la yugular del policía más poderoso del país —Genaro García Luna—, y hacerlo en pleno contexto de guerra contra el narco. Las presiones tampoco faltaron. En otros rubros más, Zaldívar se apartó del conservadurismo calderonista, al promover una agenda liberal que incluyó temas como el libre desarrollo de la personalidad, el matrimonio igualitario, el aborto y el uso lúdico de la mariguana.
La postura que el ministro Zaldívar ha adoptado frente al gobierno de López Obrador no ha gustado a algunos, especialmente quienes quisieran ver en la Corte un refugio opositor. De forma clara y persuasiva, sin embargo, Zaldívar les ha dicho: “entre las tareas que les corresponde [a los ministros], de ninguna manera está la de erigirse en opositores a un gobierno. No es su función sustituir a los partidos políticos de oposición, combatir o contrarrestar el discurso público, ni aliarse con quienes se oponen a una determinada forma de gobernar”.
En un artículo escrito dos meses después de la elección de 2018 —y leído como un coqueteo abierto con el obradorismo—, el presidente de la Corte señalaba que este órgano debía ser sensible al mensaje de las urnas y el “desprestigio generalizado de las instituciones”, especialmente porque el “hartazgo y la frustración social” se dirigió expresamente al Poder Judicial de la Federación” en los comicios. En un claro guiño al discurso presidencial, el ministro llamaba a “acabar con los privilegios y la corrupción, pacificar al país y erradicar las desigualdades”.
Algunos creen que aquel artículo fue uno de los elementos que le permitieron conquistar la presidencia de la SCJN, aunque muy probablemente eso no hubiera sido posible sin la operación política del consejero Jurídico de la Presidencia, Julio Scherer.
¿Qué implicaciones tendrá la simpatía que Zaldívar ha expresado frente al presidente y su proyecto? ¿Habrá de traducirse en una forma de subordinación? No necesariamente. En primer lugar, porque el ministro tiene una trayectoria propia y una reputación que cuidar. En segundo lugar porque, como expresó uno de los constitucionalistas más reconocidos del país: “La personalidad de Zaldívar es refractaria a la sumisión. Tengo la impresión de que el Presidente confía en él porque sabe que no aceptará consignas gubernamentales, pero tampoco adversas al gobierno, y eso le da tranquilidad”.
“Zaldívar seguramente sabe que ser independiente no equivale a ser antagonista y tiene capacidad para mantener un tono firme, para que no lo quieran subordinar, pero sin caer en estridencias públicas, para que tampoco lo utilicen los adversarios del gobierno”.
No cabe duda que Arturo Zaldívar Lelo de Larrea es el mejor presidente que puede tener la Suprema Corte. Más aún en las circunstancias actuales.
@HernanGomezB
