El Martes del Jaguar –ese gran show conducido semanalmente por Layda Sansores – se ha convertido en el programa político más disruptivo y provocador del país desde que se tornó famoso por la difusión de los audios de Alito Moreno.

A estas alturas, lo que hemos visto es mucho más que Alejandro “N”, sus groserías, su misoginia, sus tropelías. Las filtraciones han venido a desnudar a la clase política tradicional, convirtiéndose en un vívido y fiel retrato de sus usos y costumbres.

Un número importante de voces ha cuestionado la violación a la privacidad del protagonista de esta larga trama como una grave violación a su derecho a la privacidad.

Críticas similares se han hecho en otros momentos cuando se dan a conocer filtraciones producto del espionaje o la intercepción de comunicaciones. Pero, al final, se trata de ponderar derechos: el de la ciudadanía a la información y la transparencia —de mayor interés público— o el derecho a la privacidad de Alejandro “N”.

Assange y los documentos de WikiLeaks, por dar un ejemplo, interceptaron comunicaciones, pero gracias a ello los ciudadanos estadounidenses pudieron saber que en la Guerra en Afganistán hubo víctimas civiles por soldados norteamericanos, y se encubrió, o que en Irak se practicó sistemáticamente la tortura, entre muchas cosas más.

Aquí en México, gracias a los audios difundidos por El Martes del Jaguar, los ciudadanos podemos saber que ese presidente del INE —que se llena la boca presentándose como un árbitro neutral— está dispuesto a hacer favores especiales y darle un trato VIP al presidente de un partido al que le habla con sospechosa cercanía y complicidad.

Gracias a las filtraciones sabemos más acerca de cómo es realmente el financiamiento de las campañas políticas, los pagos millonarios que se reciben y la manera en que se disfrazan; cómo ciertos empresarios compran a los políticos que están obligados a devolverles el favor al llegar al poder. Cómo se negocian contratos para proveedores a cambio de que aporten recursos: “Con los gobers que ganen yo lo meto (…) Nos va a ir a toda madre (…)”, le prometía Alito a uno dedicado a la venta de medicina y despensas.

Gracias al Martes del Jaguar sabemos que la libertad de expresión en México, más que un derecho, es un bien transable. Por los audios allí revelados hoy podemos conocer más cómo opera esa perversa relación entre medios que negocian y venden entrevistas a modo o cómo políticos y empresarios mediáticos se coluden para evadir la legislación electoral.

Podemos saber también que cierto tipo de políticos tienen gente especializada en lavarles su dinero y así ocultar su patrimonio, que nunca es el que enlistan en sus declaraciones porque siempre encuentran formas de burlar la ley. O que viven en medio de lujos y bienes suntuarios que adquieren con recursos no aclarados.

Gracias a El Martes del Jaguar y sus filtraciones sabemos que hay caciques políticos sin ningún escrúpulo, dispuestos a pensar solo en ellos y nada más que en ellos; que no solo les importa un bledo el destino de México, sino tampoco del partido que presiden: como cuando Alito se muestra dispuesto a ignorar los propios estatutos de su partido para prolongar la duración de su gestión.

La privacidad es un derecho humano, ciertamente. Pero hay que discutir si este es igual o tiene restricciones cuando se trata de alguien que maneja el dinero público y los destinos de una comunidad.

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@HernanGomezB