Hace tiempo pienso que la agenda de la 4T se ha extraviado. Después de las grandes reformas y cambios promovidos durante el primer trienio —en temas tan importantes como el laboral, la regulación del outsourcing, el aumento del salario mínimo o las medidas para incrementar la recaudación y combatir la evasión, por solo mencionar algunos—, este gobierno parece haberse quedado sin un verdadero programa transformador.
¿Cuál es hoy el gran proyecto de la 4T más allá de ganar elecciones y conservar el poder? Apuesto a que los más recalcitrantes defensores del presidente actual no tienen una buena respuesta para esa pregunta.
¿Podrían los obradoristas defender, de forma inteligente y persuasiva, que de todos los grandes problemas del país –profundos, históricos, lacerantes-- la forma en que se designa a los consejeros del INE o a los ministros de la Suprema Corte, por ejemplificar algunas de las “batallas” recientes más sonadas, está entre los más graves?
¿Podrían sostener con vehemencia que la adscripción de la Guardia Nacional a la Sedena, por la que tanto se ha peleado el presidente con los ministros, es la gran estrategia que habrá de pacificar a la nación o mejorar sustancialmente nuestras vidas?
Lo que hemos visto desde la elección intermedia hasta hoy parece una larga suma de puntos inconexos, con mucho ruido y pocas nueces. Declaraciones y amagos del presidente que no van a ocurrir, y cuya explicación de fondo no es otra que el interés por atizar el fuego, mantener viva la llama y hacer política con el conflicto.
Sabemos que tras la elección intermedia, AMLO llegó a la conclusión de que era necesario polarizar más, como una manera de mantener movilizada a su base social, conservar la fidelidad de los convencidos para que no se confíen ni se duerman y, llegado el momento, salgan masivamente a votar.
Para eso, todos los días el presidente busca temas para confrontar y cuando no los tiene se los inventa. Poco importa si las batallas que da contra ciertos personajes e instituciones son necesarias o útiles al país, de lo que se trata es de encontrar con quien pelear. Y para eso, evidentemente, el presidente siempre tendrá muy buenos clientes.
Para hablar de uno de los temas que ha estado en medio de la polémica, valdría la pena preguntarse: ¿será que la forma en que son designados los ministros de la Suprema Corte está entre los problemas más apremiantes que tiene la justicia, esa que casi no existe para la mayor parte de los ciudadanos de a pie?
¿Es por los groseros sueldos y privilegios que perciben los ministros —otro tema recurrente en el discurso presidencial— que la justicia en este país no funciona? ¿Será que de todos los temas por los que vale la pena organizar una consulta ciudadana —porque sin duda las consultas valen la pena— éste debiera ser uno de ellos? Son preguntas retóricas, evidentemente.
México necesita una gran reforma al sistema de justicia (cosa que paradójicamente no emprendió la 4T cuando tenía la mayoría para hacerlo). Una reforma que empiece por promover el acceso a ella para todos, que reforme el poder judicial local, combata la corrupción en todos los niveles, e incluso permita que el Consejo de la Judicatura (hoy Consejo de la Caricatura) se independice de la SCJN y de su presidente.
Esta y otras reformas más se antojan necesarias, comenzando por una en el ámbito fiscal. Más allá de ganar las elecciones del domingo 4 en Edomex y luego las del 2024, urge un proyecto renovado hacia una 4T, versión 2.0.