Un sector de la sociedad y la política ha albergado durante un buen tiempo el temor a que un gobierno de López Obrador atente contra la división de poderes y ponga en peligro la estabilidad democrática. En mayor medida, el temor a que avancemos hacia el autoritarismo ha resultado infundado, al menos a nivel federal. Pero el temor prevalece y lo que ocurre a nivel local puede revivirlo.
Toca al presidente de la República, a la Secretaría Gobernación y a la propia dirigencia de Morena generar un clima de certidumbre democrática en todo el país y evitar que los gobiernos emanados de este partido caigan pronto en el descrédito.
Meses antes de la elección que tuvo lugar este año, Bonilla intentó operar para alargar su mandato a cinco años. Primero lo hizo a través del Tribunal Electoral de Baja California, cuya sentencia fue anulada por el TEPJF, donde claramente se estableció que la decisión era ilegal porque la Constitución prohíbe modificaciones de este tipo 90 días antes de iniciar un proceso electoral.
Tan solo unos cuantos días antes del 2 de junio, el Tribunal confirmó su sentencia, impugnada por el candidato de Morena, y dejó en claro que quien saliera triunfador gobernaría por dos años. Los magistrados incluso ordenaron revocar un apartado de la convocatoria a la elección donde se establecía que el próximo periodo duraría seis años. Con ese antecedente se votó.
Es una tristeza que el candidato que vino a romper con 30 años de hegemonía panista haya sido el promotor de una maniobra de agandalle autoritario, precisamente en el primer estado que vivió una transición.
Apenas unos cuantos días después de la elección se consumó una sucia maniobra en el Congreso local. Maiceo, soborno o negociación de impunidad mediante —no sabemos— 21 diputados de 25 votaron a favor del bonillazo (nueve de ellos de mayoría panista, y con apoyo de 6 partidos más): una reforma constitucional que modifica las reglas del juego sobre la marcha.
Para no asumir el costo político de publicar esta reforma el nuevo congreso de Baja California convocó a una risible consulta ciudadana, fuera del marco legal y sin el mínimo rigor, la cual solo complica el problema aún más y desprestigia futuras agendas de democracia participativa.
Antes de la votación, Massive Caller reportó que 94.6% no iría a votar y 84% se pronunció porque el mandato se mantuviera en dos años. Aun así, los resultados de la consulta del domingo reportan que 76% de quienes asistieron a la votación estaban a favor de ampliar el mandato.
Probablemente, a Bonilla le importen poco las consecuencias políticas que esto tendrá para el partido, quizás tampoco le importe demasiado el juicio de la historia. Lo que a él le interesa, al parecer, es tener suficiente tiempo para impulsar su agenda, que ojalá sepa distinguir de sus propios intereses empresariales.
Estamos frente a una manifestación más de lo débiles que son los congresos estatales en México y lo fácil que pueden ser manipulados. En el fondo, aquí no hay novedad.
Pero lo que más preocupa es la falta de una respuesta enérgica por parte del gobierno federal y del partido emanado de sus filas frente a lo acontecido. Todos fueron ambiguos, tímidos u omisos: el presidente pudo haber detenido esto con una fuerte declaración mañanera.
El partido debió recordar públicamente a Bonilla que hay una serie de principios con los que Morena no puede transigir y hacer exactamente lo contrario que hizo su dirigente, Yeidckol Polevnsky, al asegurar que la ampliación de mandato era simplemente un “tema práctico”.
La Secretaría de Gobernación, por su parte, debió hacer lo que le toca: operar políticamente para que estas cosas no ocurran, antes que erigirse en intérpretes de la Constitución como lo hicieron —en sentidos opuestos, para colmo— la secretaria Olga Sánchez Cordero y el subsecretario Ricardo Peralta.
Todo mal y una sola esperanza: que la Corte haga su papel.
Nota: Hace 11 años un procurador de Justicia se inventó una banda delictiva, a la que nombró La Flor. Esa mentira le dio mucha popularidad. El caso de Lorena González es el de una mujer que se enfrentó a un sistema comandado por el mismo hombre que la metió a la cárcel. Hoy ese hombre no se jacta ni se inmuta de haber fabricado un culpable y una historia que no ocurrió. Se llama Miguel Ángel Mancera y hoy ocupa una curul en el Senado de la República. Probablemente el delito que se le pudiera imputar, de crear falsos culpables, ya prescribió; pero el ex jefe de gobierno debiera al menos ser objeto de una condena social y moral.
