El Presidente sabe que su propuesta de reforma político-electoral no va a pasar. No tiene mayoría para hacer reformas constitucionales y el momento político no es propicio. AMLO está plenamente consciente de que su iniciativa es inviable.
Lo que estaremos atestiguando las próximas semanas es una película ya vista: una oposición diciendo que López Obrador es un autoritario y su iniciativa lo confirma, y una 4T alegando que PRI, PAN y PRD solo quieren mantener sus privilegios y conservar el status quo del que de benefician la partidocracia y el INE.
Lo que está en la mente del Presidente es 2024. Y lo que busca es evidenciar a la oposición. Igual que antes utilizó la reforma eléctrica para mostrarla como antinacionalista, ahora empleará esta iniciativa para que se exhiban como defensores de las burocracias partidistas, adictas al dinero público, propensas al dispendio, enemigas de la austeridad. Con esto, AMLO quiere ganarse a los ciudadanos, no a los legisladores.
Los partidos son una de las instituciones con menos credibilidad entre la sociedad. El presidente lo sabe y está dispuesto a explotarlo políticamente. Por eso buena parte de las propuestas apuntan a reducir el costo de nuestra democracia. Eso justifica acabar con los organismos electorales locales que duplican funciones, e incluso eliminar sus tribunales, a sabiendas de que las disputas siempre acaban por dirimirse a nivel federal.
En esa misma lógica, naturalmente, se plantea la reducción del financiamiento a los partidos fuera de tiempos de campaña —algo con pros y contras—, la del número de consejeros del INE de 7 a 11, de los integrantes de las cámaras de diputados y senadores, así como de los congresos locales y cabildos. Con todos estos cambios —dice la propuesta— se ahorrarían 24 mil millones de pesos, y se recortaría el financiamiento a partidos políticos en un 66%. No son cifras menores.
La reforma tiene puntos positivos, algunos negativos y otros francamente disparatados. Es positivo tener una democracia más barata, instaurar el voto electrónico, limitar el financiamiento de privados a partidos políticos, que la Corte sea la que resuelva impugnaciones y califique los procesos electorales, incluso que se reduzca el porcentaje de participación en una consulta de revocación para ser vinculante, pasando de 40 a 33%.
Es un punto negativo, en cambio, que se contraigan los tiempos oficiales que tienen los partidos en medios de comunicación, propuesta que parece orientada a complacer a las televisoras.
Es un disparate, un sinsentido y mera demagogia la propuesta de que los consejeros y magistrados electorales se elijan mediante voto popular, a propuesta de órganos como la Corte y el Congreso. Tal cosa no se ve en ningún país del mundo. Aprobar algo así partidizaría a las autoridades electorales y el árbitro sería más parcial de lo que ya son hoy Ciro Murayama y Lorenzo Córdova.
Por último, es muy interesante lo que se plantea para la conformación de las cámaras, especialmente de diputados. A diferencia de lo que algunos esperaban, no se propuso acabar con los 200 plurinominales y mantener solo los 300 uninominales. Por el contrario, todos se elegirían por representación proporcional en una lógica cercana a la proporcionalidad pura, aunque las listas serían por estado. Vale la pena estudiar con cuidado esa propuesta, antes formulada por varios expertos.