Cómo no haber albergado esperanzas cuando en enero de 2019 Arturo Zaldívar fue elegido para presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Su perfil parecía el idóneo para encabezar una nueva etapa, donde el poder judicial estaba llamado a acompañar la batalla contra la corrupción promovida por López Obrador.
Tristemente, antes que estar a la altura, Zaldívar ha terminado por convertirse en un defensor del status quo.
A meses de concluir su mandato, el resultado de la reforma judicial —que en un gesto de confianza el Presidente puso en sus manos— ha sido por demás mediocre, presentando apenas unos cuantos avances cosméticos.
Una de las grandes debilidades del poder judicial en México —lo ha planteado bien el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM— es que la presidencia de la SCJN y del Consejo de la Judicatura recaen en una misma figura, lo cual concentra excesivamente el poder en el ministro presidente y es fuente de corrupción.
Zaldívar no quiso renunciar a ello, prefirió usufructuar en su beneficio el poder y el presupuesto del Consejo de la Judicatura , donde se decide el ascenso y la adscripción de los jueces, así como las acciones disciplinarias que se han seguido utilizando para premiar a los fieles y castigar a quienes se rehúsan a seguir la línea que se les impone desde arriba.
Dos áreas son particularmente nebulosas: Una es la que investiga y más tarde sanciona las posibles faltas que eventualmente derivan en sanciones. Otra es aquélla en la que se decide qué casos conoce cada juzgador. En teoría, los turnos se asignan de forma aleatoria; en la realidad es muy fácil meter mano para que los casos caigan en jueces de consigna o aquéllos con los que se tienen negocios de algún tipo.
Dentro del Consejo de la Judicatura, Zaldívar se ha hecho acompañar por figuras de dudosa reputación. ¿De verdad se puede luchar contra la corrupción cuando la contralora de ese órgano es Arely Gómez, aquella procuradora a la que se le escapó El Chapo? ¿Cuando el encargado de bajarle línea a los jueces es Carlos Alpízar, magistrado con Eruviel Ávila y fiel representante de la cultura priísta mexiquense? El chiste se cuenta solo.
Además, Zaldívar utilizó la reforma judicial para concentrar aún más poder en sus manos. Hoy, por ejemplo, el presidente de la Corte es el único que decide qué casos pueden ser atraídos por el Pleno. Los amparos de revisión ya no pueden ser propuestos por cualquier ministro.
Antes que promover una carrera judicial basada en el mérito, una donde jueces y magistrados lleguen por concurso y no por su vinculación a grupos de poder y la subordinación a lealtades perversas, Zaldívar y otros ministros han promovido concursos a modo para promover a sus allegados.
Recientemente, el presidente de la Corte convirtió en magistradas a tres de sus más cercanas colaboradoras y a uno — Alejandro Avante Juárez —, hermano de la jueza que liberó a Kamel Nacif, también protegida por Zaldívar.
En el fondo, el activismo progresista del presidente de la Corte y su retórica defensa del feminismo no es más que una forma de lavarse la cara y buscar los aplausos que tanto necesita.
Imposible regatearle a Zaldívar su inteligencia y habilidad. Igualmente imposible es negar la forma en que antepuso su ambición política personal y su avidez de protagonismo y popularidad a la necesidad histórica de transformar el más putrefacto de los poderes de la unión.
@HernanGomezB
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