Nunca antes un presidente de México había reconocido explícitamente en un discurso público que tenemos un problema de racismo en nuestra sociedad, como lo hizo López Obrador hace unos días en Nayarit.
“Los verdaderos dueños de México son ahora los más pobres, los más marginados, los más ofendidos y humillados” dijo. “Porque todavía, desgraciadamente, sigue habiendo racismo. Se esconde por hipocresía, no se expresa, no se manifiesta, pero sí hay racismo en México”.
La verdadera nota —lo que deberíamos discutir— es que, por primera vez se reconoce desde los más altos niveles un fenómeno que nuestra clase política ha buscado históricamente evitar.
La reacción conservadora, sin embargo, ha preferido polemizar de la manera más rupestre, al condenar la existencia de una política diferenciada para estos pueblos, como es el establecer una edad diferenciada (65 años, en vez de 68) para que este segmento históricamente excluido pueda beneficiarse de la pensión para adultos mayores.
Primero el senador veracruzano, Julen Rentería, tuiteó: “Solo un gobierno profundamente racista repartiría un programa social midiendo la ayuda de acuerdo a la raza de las personas. Esta aberración no se hacía desde que Hitler gobernaba Alemania”.
Luego la presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado —exhibiendo su ignorancia de forma ostensible—, señaló: “Lamentable y alarmante que este gobierno tome decisiones en función de la raza”.
Hasta los diputados del PRI se sumaron: “Las políticas públicas deben dirigirse a todas y todos sin distingos étnicos que lastiman y dividen”.
Resulta risible la falta de rumbo de una oposición que reacciona ante videos en Twitter subiéndose a debates estériles con tal de lucrar con la polarización social. Una vez más esa oposición muestra su rostro más retardatario, e incluso su desconocimiento frente a lo que han hecho gobiernos emanados de sus propias filas.
Por lo visto, ignoran que durante años el Estado mexicano ha implementado políticas específicas para atender la problemática indígena. Por si fuera poco, la medida sujeta de esta polémica fue anunciada antes incluso de iniciar esta administración (aunque nuestra oposición apenas se dio cuenta).
El criterio para decidir quién es indígena nunca ha sido —ni este gobierno ha planteado que deba ser— uno de tipo racial (para empezar porque las “razas” no existen). La pertenencia a un pueblo indígena en nuestro país se determina —según un criterio de la Corte— a través de la autoadscripción: es indígena quien se considera como tal.
Cualquier indicador socioeconómico justifica la existencia de apoyos diferenciados para los indígenas. Parece mentira que haga falta recordar que este sector aparece más abajo en todos los rubros medibles. Que este grupo suele iniciarse en la vida laboral antes que el resto de las personas y, por sus difíciles condiciones de vida, también envejece antes.
Según Conapo, lo hombres indígenas viven 1.8 años menos que los no indígenas y las mujeres 1.4. Mientras el analfabetismo entre población adulta mayor no indígena afecta a dos de cada diez, entre los indígenas afecta a cinco de cada diez. Casi ocho de cada diez personas que hablan una lengua indígena se encuentran en pobreza y más de un tercio vive en condiciones de pobreza extrema.
Establecer una edad diferenciada para recibir una pensión es una medida de acción afirmativa similar a las que por años se han establecido entre las comunidades afroamericanas o las que durante el gobierno de Lula se instrumentaron en Brasil, al establecer cuotas para indios o afros en las universidades.
La igualdad sustantiva no se conquista tratando igual a los desiguales. Hacerlo así solo reproduce y profundiza las desigualdades existentes. Lo verdaderamente racista es pensar que una medida de acción afirmativa (o discriminación positiva) puede ser “racista”, en lugar de reflexionar sobre las razones que han hecho necesario instrumentar una acción de ese tipo.
@HernanGomezB
